Buenos Aires, 9 de Abril.- Junto a ejecutivos de Vale que viajaron desde el Brasil, el abogado Adolfo Durañona, apoderado del proyecto Potasio Río Colorado, leyó en una audiencia pública en el Congreso una carta firmada por el presidente de la compañía, Sergio Leite, donde se especifican los motivos de la suspensión del emprendimiento.
El principal argumento de la minera es que el costo del proyecto creció más de un 80 por ciento con respecto al cálculo original. Y culpó a los pedidos de obras adicionales formulados “por los gobiernos provinciales” afectados.
"La empresa salió en busca de socios para hacer frente a los compromisos futuros de inversión, sin haber tenido a la fecha resultados favorables. A pesar de lo anterior, Vale continuará buscando compradores para el proyecto", dijo la firma. Y aclaró que tiene previsto "mantener todos los activos” y cumplir con las obligaciones que establece el Código de Minería.
“Se están pagando a los contratistas los montos que corresponde de acuerdo a los contratos" y las deudas a los proveedores "están siendo canceladas normalmente", aclaró. Pero el presidente del bloque del Frente para la Victoria, Miguel Ángel Pichetto, refutó a Durañona y aclaró que “eso no es cierto”.
De la audiencia participaron, además de Pérez y el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, el secretario de Minería de la Nación, Jorge Mayoral, y el secretario general de la Uocra, Gerardo Martínez.
Mayoral fue otro de los que retrucaron a la firma de capitales brasileño. Denunció “inexactitudes” y “falsedades” argumentales y precisó que en las tratativas se “convinieron 8.660 millones de dólares” de inversión para el proyecto, contra los 11 mil millones a los que, según la empresa, había aumentado el costo original.
El funcionario atribuyó a un mal negocio con la venta de hierro a nivel global de la empresa la decisión tomada de suspender Potasio Río Colorado en la Argentina, así como lo hizo con otros proyectos en el mundo.
Durañona, luego, volvió a remitirse a la carta leída al inicio, pero admitió que “por pedidos de las provincias los costos habían aumentado 1.500 millones” de dólares y “el resto se debía a otras circunstancias” que no especificó.
Uno de los conflictos más ásperos que generó la suspensión del proyecto es la situación de unos 3 mil trabajadores (directos e indirectos) afectados, 400 de los cuales son empelados de Vale. "De no alcanzarse una solución, el Ministerio tiene expresas instrucciones de la Presidencia de la Nación para poner en marcha el procedimiento preventivo de crisis para que el plazo de cobertura de los trabajadores se extienda 30 días más", explicó Tomada, y recordó que la conciliación obligatoria rige hasta el 22 de abril, por lo que podría extenderse.
El representante de la Cámara de Servicios Mineros (CASEMI), que representa a los proveedores, anunció a su turno que la próxima semana se planea denunciar a Vale por “estafa” porque siguió haciendo encargos en diciembre cuando ya sabía que suspendería el proyecto.
Según las fuentes, uno de los posibles compradores del proyecto es el empresario mendocino Eurnekían, dueño de Aeropuertos Argentina 2000 y principal interesado en la construcción del tren de cargas trasandino que va desde la vecina provincia hasta Chile.