Por tercera vez el régimen de Corresponsabilidad Gremial Vitivinícola que facilita al productor el registro y acceso a la seguridad social y jubilación de los cosechadores, volvió a dejarse sin efecto y esta vez no creen que vuelva a activarse. Si bien los involucrados ya renunciaron a este convenio dos veces en sus apenas 5 años de vida (ver aparte), ahora la diferencia es que todas las partes lo anularon y dudan que esta vez vuelvan a retomarlo. Por un lado, la Cámara Vitivinícola de San Juan presidida por Angel Leotta y la Federación de Viñateros, liderada por Eduardo Garcés lo dieron de baja ante la Secretaría de Seguridad Social de la Nación. Paralelamente también las autoridades de FOEVA lo anularon, según informó Antonio Arias. Al quedar sin efecto no se aplicará en la cosecha de uva de 2017.
Leotta afirmó que ve ‘muy difícil’ la posibilidad de que vuelva a entrar en funcionamiento ‘porque ahora es un nuevo Gobierno que tendrá que negociar con todos los subscriptores del convenio y hay temas nuestros que se contraponen obviamente con intereses de otras partes’. Aseguró que es por este motivo que en caso de que vuelvan a tratarlo sería complicado llegar a un acuerdo, en especial porque hay determinados puntos que vienen reclamando sin obtener respuesta favorable.
Son tres los argumentos que manifestaron en la denuncia. En primer lugar detallaron que continúa ‘’la negación de los cosechadores de entregar el DNI al ingreso de la temporada para registrarse, por miedo a perder los beneficios sociales’. El segundo punto que plantearon fue la falta de pago del Convenio de Corresponsabilidad Gremial que se transforma en un problema económico tanto para el productor como para la industria, debido a la inmovilización de volúmenes vínicos en las bodegas. Completaron el listado con un reclamo porque el bajo precio que percibe el productor por el kilo de uva ocasiona la imposibilidad de pagar dicho convenio.
Según señaló ayer el titular de la Cámara Vitivinícola, el primer punto fue el central que desencadenó la decisión ‘porque los cosechadores no nos querían presentar el DNI’. Agregó que si bien plantearon esta situación numerosas veces ante las autoridades nacionales y provinciales, igual siguieron recibiendo las visitas de los inspectores de seguridad social que les cobraban multa por tener trabajadores en negro, ‘’cuando se estaba pagando una tarifa sustitutiva por los kilos de uva cosechados y no por la cantidad de trabajadores’’.
Por otro lado está la denuncia que se envió desde FOEVA su secretario adjunto, Antonio Arias, quien aseguró que no cree que se vuelva a activar, ‘más que nada por el mal funcionamiento de la parte empresarial, no hay voluntad de hacer las cosas bien y no estamos con la idea de volver a firmar’.