En tiempos de trajín electoral, no es extraño que desde la institucionalidad vitivinícola hayan surgido algunas ideas para solucionar las tensiones entre vecinos de una misma región por la Promoción Industrial. Porque fue la integración de la uva y el vino -horizontal y vertical, regional, de grandes y chicos- la que resolvió, desde la mesa de la Coviar y el plan estratégico, viejos enconos entre provincias vecinas y de producciones comunes. En la búsqueda de una solución a los tironeos que provoca el polémico decreto presidencial 699/10 -que extiende los beneficios industriales a La Rioja, Catamarca y San Juan hasta el 2027- los vitivinícolas han acercado sugerencias que podrían extenderse a otros productos agroindustriales y ampliarlo regionalmente.
El propio gobernador sanjuanino, José Luis Gioja, se ha interesado en la propuesta, sin que esto implique perder los beneficios del 699. Asistió a un par de reuniones en la Capital Federal -en Producción y en la AFIP- donde se han simulado los efectos que provocaría un sistema de cambiar inversiones por descuentos en Ganancias, IVA y otros gravámenes. En el Senado y en Diputados andan rondando desde hace tiempo propuestas de ligar un sistema ampliado de promoción de la inversión industrial, a la distancia a los puertos, a las necesidades básicas insatisfechas y a la población. Esto, además, beneficiaría directamente, por ejemplo, a los exportadores de la uva en fresco, a los del mosto concentrado y a los de pasas. De todas maneras, el asunto irrita la susceptibilidad en tiempos electorales. El PJ de Mendoza -oficialismo y candidatos- ha pedido apoyo a sus pares regionales y de la Rosada, para enfriar el asunto hasta después de las urnas de octubre y no ofrecer a la oposición este flanco débil de uso electoral. Por el contrario, el frente opositor en Mendoza, esgrime el tema y le factura permanente a Jaque las ventajas vecinas y recuerda viejos embates contra la promoción, además de proclamar “la necesidad de una nueva discusión nacional de la política industrial y una promoción regional y por productos, que integre y no enfrente a provincias vecinas”.
ANTECEDENTE
Un sistema “primo hermano” de esta propuesta es el beneficio que se le otorgó en su momento al sector de vinos espumantes. Se firmó en el 2005 por 3 años y en el 2008 la Nación lo prorrogó por 10 años más. Los bodegueros de este sector lograron el aval del Gobierno nacional para suspender el 12% del gravamen al champagne a cambio del compromiso de la industria de efectuar inversiones durante diez años. Hasta ese momento, el Tesoro de la Nación recaudaba entre 8 y 10 millones de pesos por año por el adicional de 12% sobre el precio de cada botella de espumante. Para evitar el gravamen, las champañeras exportadores prometieron a invertir en tecnología y capacitación por más de $150 millones, en los próximos 10 años.