El Gobierno avanza con un ambicioso plan para facilitar la formalización de dólares no declarados y simplificar el régimen impositivo, con la promesa de un “blindaje legal” para quienes ingresen al nuevo esquema. La estrategia incluye decretos, un nuevo régimen de Ganancias y una futura reforma legal que cambiaría el concepto de evasión fiscal y los plazos de prescripción penal.
Tras los anuncios realizados este jueves por el ministro de Economía, Luis Caputo; el titular del Banco Central, Santiago Bausili; el presidente de ARCA, Juan Pazo; y el vocero presidencial, Manuel Adorni, el oficialismo dio a conocer los primeros detalles del plan que busca incentivar el blanqueo de capitales y mejorar la recaudación fiscal.
Las medidas inmediatas incluirán entre tres y cuatro decretos que establecerán un nuevo régimen simplificado de Ganancias, donde los contribuyentes solo deberán declarar ingresos, gastos y deducciones personales, sin detallar rentas ni patrimonio. De esta manera, el fisco accederá a menos información de forma automática, reduciendo la carga administrativa y los controles masivos.
En paralelo, el Ejecutivo redacta un proyecto de ley para modificar dos pilares clave: la Ley Penal Tributaria y la Ley de Procedimiento Tributario. Según trascendió, el umbral para considerar evasión fiscal se ajustaría por inflación, pasando de los $1,5 millones actuales (fijados en 2017) a un estimado de $100 millones. También se evalúa reducir el plazo de prescripción penal, actualmente fijado en cinco años.
La intención oficial es brindar “seguridad jurídica” a quienes blanqueen activos o pasen al nuevo régimen, ante eventuales cambios políticos o fiscales. La reforma generó reacciones mixtas: en el sector privado hubo respaldo, aunque algunos tributaristas advirtieron sobre la pérdida de herramientas clave para la fiscalización.
Desde la Cámara de Comercio Argentina destacaron que la medida “podría dinamizar la economía al movilizar dólares que hoy están ociosos”, mientras que la Asociación de Bancos (Adeba) aseguró que “fortalecerá la confianza entre bancos y clientes”.
En tanto, el ministro Caputo fue claro sobre uno de los objetivos implícitos del plan: que parte de los dólares guardados en el colchón —el Gobierno estima hasta USD 200.000 millones— ingresen al circuito formal. Aunque desde el sector financiero advierten que el impacto podría ser limitado sin incentivos concretos.
El nuevo sistema estará operativo desde el 1° de junio y la adhesión será voluntaria durante todo el año. El “blindaje fiscal” aún debe pasar por el Congreso, donde la pulseada política marcará el ritmo de esta reforma estructural.