Cuando el Gobierno nacional dispuso la eliminación de las contribuciones obligatorias que financian a la Corporación Vitivinícola Argentina, el eje de la discusión giró en torno a si una resolución podía modificar lo que establece una ley (la que creó la entidad y fijó su fuente de financiamiento por parte de las bodegas). Ahora, la Coviar estaría incluida en un proyecto que deroga la normativa.
El plan de Milei con la Coviar: Sturzenegger busca eliminarla
Un borrador del Gobierno propone un nuevo avance de desregulaciones, que incluyen al agro, la ganadería y la vitivinicultura, entre otros sectores.
En las últimas horas se conoció la existencia de un borrador de un proyecto de ley, impulsado por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. El texto, de 144 páginas, propone modificar normas históricas que regulan distintas actividades productivas, entre ellas la promoción del vino argentino y de la carne vacuna.
Aunque la iniciativa todavía no fue enviada al Congreso, el texto ya comenzó a circular entre entidades rurales y empresarias. El proyecto forma parte de una nueva etapa de la política de desregulación del Gobierno de Javier Milei y también alcanza a sectores como el mercado inmobiliario, las farmacias, la industria editorial, el gas licuado y el transporte marítimo.
Desaparece la Coviar
El proyecto contempla la derogación de la ley 25.849, que creó la Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar), en 2004, para ejecutar el Plan Estratégico Vitivinícola (PEVI) y coordinar acciones entre el sector público y privado.
De prosperar el proyecto, desaparecería el marco legal que dio origen a la corporación, responsable durante más de dos décadas de articular programas de promoción, innovación, desarrollo tecnológico y apertura de mercados para la industria vitivinícola. Y los fondos remanentes pasarían al INV.
Después de que, en mayo, la Secretaría de Agricultura dispusiera el cierre del Plan Estratégico Vitivinícola (PEVI) -extendido por la entidad hasta 2030- y la suspensión del aporte obligatorio que financia esas acciones, la Justicia Federal hizo lugar a una medida cautelar presentada por Coviar y dejó sin efecto, de manera provisoria, esa decisión hasta que se resuelva la cuestión de fondo.
Por otra parte, la propuesta también reduce los controles e inspecciones a la cadena vitivinícola, flexibiliza las prácticas enológicas y hace que las multas basadas en el valor del producto. El dato llega en el marco del rechazo, por parte de las bodegas y los viñateros, del aumento de los aranceles por los servicios que presta el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), establecido por una resolución de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía.