La Justicia Federal ordenó que sea obligatorio el Certificado de Ingreso de Uva

Desde el Gobierno, Federico Sturzenegger había cuestionado duramente el reclamo judicial. En su exposición pública sostuvo que el CIU “operaba como un mecanismo de control del mercado”, al reunir información clave sobre la circulación de la uva. Según afirmó, ese esquema “facilita el control y la cartelización del mercado” y convierte al certificado en “un instrumento esencial para la implementación de prácticas anticompetitivas”.

• Tener por presentado al Dr. Carlos Rufino Palma, en representación del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), y dar por rendido el informe previsto en el artículo 4° de la Ley 26.854.
• Hacer lugar a la medida cautelar solicitada por la Asociación de Viñateros de Mendoza, la Unión Vitivinícola Argentina, la Asociación de Cooperativas Vitivinícolas Argentinas y la Cámara de Productores Agrícolas, por un plazo de cinco (5) meses o hasta que se dicte sentencia definitiva.
• Ordenar al Instituto Nacional de Vitivinicultura la suspensión provisoria de la aplicación del artículo 40 del Digesto Vitivinícola, aprobado por la Resolución INV 37/2025, que reemplazaba la Declaración Jurada de Ingreso de Uva (CIU).
• Suspender la derogación de la Resolución INV N° 3/2025, norma que regula la obligatoriedad del CIU.
• Dejar sin efecto la derogación parcial de la Resolución INV 35/2020, en la medida en que impedía la presentación en línea del CIU y del CEC 05.
• Exigir a las entidades actoras la prestación de caución juratoria, con el objetivo de garantizar eventuales daños que pudiera generar el cumplimiento de la medida cautelar.
• Admitir formalmente la acción de amparo, que tramitará bajo las reglas de la Ley 16.986, y requerir al INV que produzca un informe circunstanciado en un plazo de cinco días.