El Gobierno de San Juan tomó posición en el conflicto abierto entre la Corporación Vitivinícola Argentina (COVIAR) y el Gobierno nacional por los aportes obligatorios que sostienen a la entidad. A través de un comunicado oficial, el Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación respaldó la Resolución 55/2026 de la Secretaría de Agricultura de la Nación, que elimina el cobro compulsivo a bodegas y productores.
San Juan respaldó al Gobierno nacional en la medida contra los aportes obligatorios de la COVIAR
El Ministerio de Producción apoyó la eliminación del aporte compulsivo a la Corporación Vitivinícola Argentina y defendió que el financiamiento de la entidad sea voluntario.
La reacción sanjuanina llegó luego de que la COVIAR presentara una demanda de amparo ante el Juzgado Federal Nº 2 de Mendoza para intentar frenar la medida nacional. Frente a esa acción judicial, el Ejecutivo provincial ratificó “su postura en favor de la voluntariedad de estos aportes” y acompañó la decisión impulsada desde el Ministerio de Economía de la Nación.
Desde la cartera productiva señalaron que esta posición coincide con “la postura mayoritaria de los actores de la viticultura sanjuanina”, quienes consideran que la promoción del sector debe sostenerse mediante adhesiones voluntarias y no a través de contribuciones obligatorias.
En ese sentido, remarcaron que el debate debería desarrollarse en un proceso “colectivo y público”, bajo la premisa de que “la promoción del sector entre actores privados debe basarse en la adhesión voluntaria y nunca bajo el cobro compulsivo de aportaciones para sostener entidades privadas sin amplios consensos previos”.
El comunicado provincial también aclaró que la postura adoptada no implica desconocer “los muchos aportes y trabajos positivos que ha realizado y realiza COVIAR” dentro de la industria vitivinícola. Sin embargo, advirtieron que el sistema de contribuciones obligatorias “genera una división que no contribuye a unir criterios para un diálogo estratégico sobre el futuro de la vitivinicultura”.
El conflicto se da en medio de una creciente tensión dentro de la cadena vitivinícola, luego de que el Gobierno nacional cuestionara públicamente la decisión de la COVIAR de incrementar un 45% las contribuciones obligatorias del sector. Esa postura quedó reflejada en un expediente oficial donde la Secretaría de Agricultura expresó su desacuerdo con la medida y anticipó acciones para impedir su aplicación.
Según ese documento, el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), representante del Estado nacional dentro de la Corporación, dejó asentado formalmente su rechazo al aumento aprobado mediante el Acta 187/2025 del Directorio de la entidad.
La discusión volvió a poner sobre la mesa el rol de la COVIAR, organismo creado por la Ley 25.849 y conformado mayoritariamente por representantes del sector privado, en un contexto donde productores y bodegas reclaman menor presión económica y mayores medidas de competitividad para la actividad vitivinícola.