Los recientes robos a conductores de Uber y Didi en Capital exponen una preocupante modalidad delictiva que crece al amparo de la informalidad y la falta de controles.
En los últimos días, una serie de hechos delictivos ha puesto en alerta en nuestra provincia y, particularmente en el departamento Capital, a los choferes de plataformas de transporte como Uber y Didi. La policía confirmó la detención de dos jóvenes acusados de utilizar estas aplicaciones para asaltar a conductores, solicitando viajes y atacándolos al llegar al destino para sustraerles dinero, celulares y pertenencias personales. La mayoría de las denuncias fueron radicadas en la Comisaría Segunda de Concepción, lo que permitió identificar un patrón de acción que se repitió con inquietante precisión.
Este tipo de robos refleja un fenómeno que es preocupante, la creciente vulnerabilidad de quienes trabajan en el transporte de pasajeros a través de aplicaciones móviles. En los últimos años, estos servicios se han multiplicado en San Juan, representando una porción significativa de los autos de alquiler en circulación. Sin embargo, el debate sobre su legalidad -que divide a la opinión pública y a las autoridades- sigue sin resolverse, lo que deja a los conductores en una zona gris, muchas veces desprotegidos y sin respaldo institucional.
Mientras la Justicia avanza para determinar si estos casos responden a hechos aislados o forman parte del accionar de una banda organizada, los choferes afectados reclaman algo tan básico como indispensable, como es la seguridad que les permita seguir trabajando con menos riesgos. No se trata solo de un problema de orden público, sino de la necesidad de garantizar condiciones dignas y seguras para quienes, con su trabajo, brindan un servicio que miles de sanjuaninos utilizan diariamente.
La inseguridad golpea allí donde la institucionalidad flaquea. Y en este caso, la falta de regulación clara, controles efectivos y coordinación entre las empresas de apps y las fuerzas de seguridad genera un terreno fértil para que los delincuentes actúen. La solución no puede limitarse a capturar a los culpables. Debe implicar un compromiso más amplio del Estado, las plataformas y la sociedad para proteger tanto a los usuarios como a los conductores.
Sin seguridad, ningún sistema -por moderno o popular que sea- puede sostener la confianza de la gente. Y sin confianza, la movilidad del futuro corre el riesgo de volverse, otra vez, rehén del miedo como ha ocurrido tantas veces con los demás transporte como el propio servicio de ómnibus que en una época fue frecuentemente atacado; el servicio de taxi o el de remis, que también le tocó atravesar por momentos muy delicados.