La reciente decisión de Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados, es un cambio significativo que promete transformar una arraigada tradición en el ámbito legislativo, la conocida ‘herencia” y los controvertidos traspasos de despachos entre legisladores salientes y entrantes. La normativa, formalizada el pasado 14 de noviembre, establece que los diputados que finalicen su mandato deberán devolver todos los espacios, mobiliario y equipamiento asignados antes de abandonar sus funciones, bajo pena de sanciones económicas o acciones legales en caso de incumplimiento. Esta drástica resolución no solo busca reorganizar desde cero las oficinas parlamentarias para la nueva integración que tomará forma el próximo 10 de diciembre, sino que plantea un mensaje más profundo sobre el uso y destino del patrimonio público. Hasta ahora, las negociaciones informales sobre los despachos y la falta de claridad respecto a los bienes asignados anclaban prácticas poco transparentes que, aunque normalizadas, resultaban absurdas para muchos. Esta decisión coloca un precedente que podría extenderse hacia otros organismos legislativos, incluidas las cámaras provinciales y el Senado. El impacto de esta medida radica en devolver a los bienes estatales su carácter colectivo y no particular. Lo que se asigna a cada legislador durante su mandato es propiedad del pueblo argentino y debe ser sometido a estrictas reglas de conservación y devolución. Incluso cuando se delegue su custodia en responsables patrimoniales, la responsabilidad final recae sobre el propio diputado. Es una forma contundente de recordar que el poder es prestado y que estos privilegios no están diseñados para perpetuar beneficios individuales. Naturalmente, esta normativa promete generar discusiones intensas y no estará exenta de resistencia por parte de legisladores más tradicionales, habituados a un sistema donde los despachos eran moneda de negociación o símbolo de continuidad personal dentro del recinto. Sin embargo, estas tensiones son necesarias para implementar cambios estructurales que prioricen la transparencia, el orden y la equidad en la gestión pública. La decisión no solo surge como una acción administrativa, sino también como una oportunidad de demostrar que las funciones legislativas deben alinearse con principios éticos que trasciendan los intereses particulares. Es un paso hacia la profesionalización del espacio público, que pone en valor una dinámica más responsable con los recursos compartidos. Esta resolución podría ser el inicio de una nueva forma de entender y ejercer el servicio público en Argentina.