El escándalo que sacudió a Caucete por las presuntas estafas millonarias cometidas por María Belén Brizuela Quiroga (29) podría tener un alcance mayor al conocido. Aunque la Justicia ya investiga seis hechos que involucran más de $30 millones, víctimas directas aseguran que existen otros damnificados que aún no formalizaron la denuncia. Dos de ellas contaron su experiencia y expusieron las maniobras que -según sus dichos- dejaron secuelas económicas y emocionales.
Una de las denunciantes, de apellido Díaz, directora de una escuela en el departamento, relató cómo la joven se ganó su confianza durante años y la convenció, en plena crisis familiar, de solicitar un préstamo en una financiera. “La conocí porque era amiga de mi hijo mayor. Se fue acercando a mi familia y compartía con nosotros momentos importantes. En enero de este año me pidió ayuda para cancelar un terreno y me dijo que me devolvería el dinero en 10 días, porque tenía un emprendimiento gastronómico”, contó la mujer.
En medio de la agonía de su padre, quien necesitaba un medicamento que no se conseguía en farmacias, Díaz aceptó la ayuda de Brizuela Quiroga para conseguirlo. Ese mismo día, la joven la acompañó a una financiera donde solicitó un crédito por $4.500.000, monto que debía ser devuelto en seis cuotas de más de $1.400.000 cada una. “Con mi sueldo, eso es imposible de afrontar”, aseguró.
Con el correr de las semanas, comenzaron las evasivas. “Me decía que tenía problemas con el banco, que no podía retirar dinero, que Mercado Pago le había retenido fondos del negocio. Incluso me mandó capturas de chats y fotos en bancos, que después descubrimos que eran falsos, creados con inteligencia artificial”, dijo Díaz. Y agregó: “Mi papá falleció el 5 de febrero. Ella usó esa situación. Se aprovechó de mi desesperación”.
Hoy la denunciante afirma que la financiera no le permite acceder a un plan de refinanciación si no paga las tres primeras cuotas, algo que considera inalcanzable: “Mis hijos y yo tenemos mucha tristeza, ella jugó con mi cariño porque yo la llegué a querer como a una hija”.
La docente también aseguró que hay otras personas afectadas que no se animaron a denunciar, ya sea por lazos familiares con la acusada o por haber obtenido dinero en prestamistas informales. “Después de que salió la nota, nos contactó gente en la misma situación. Hay más damnificados”, dijo.
Las otras víctimas consultadas por este medio, un cocinero y su esposa que es docente, pidieron reserva de su identidad pero su testimonio coincide en varios puntos con el de Díaz. “Por el aprecio que le tenemos y porque somos familia, nos pidió que le sacáramos un préstamo por 3 millones en una financiera de Caucete. Y después nos pidió otro, del mismo monto, porque le había salido un viaje a México”, contó. Y no sólo eso, pues, al tener todos los datos de ellos, a través de tarjetas de crédito y billeteras virtuales la acusada solicitó varios créditos más de diferentes montos, sumando un total de $16.000.000.
Nada de eso se pagó. “Nos empezaron a llegar notificaciones y oficios de embargo. Y descubrimos que lo estaba haciendo con varias personas, incluso con vecinos que no han denunciado. Uno creía en ella, que iba a pagar. Ahora, encima de lo que debemos, tenemos que gastar en abogados”, expresó el cocinero. Y agregó: “No es solo el perjuicio económico, mi señora ahora está en el Veraz por culpa de esta persona que nos mintió, no era quien creíamos que era. Nos estuvo mintiendo un montón de tiempo, nos mandaba capturas de supuestos chats con empleados del banco, nos decía que tenía 80 millones en el banco. Así nos ha tenido hasta que ha caído presa”.
Al igual que Díaz, esta víctima aseguró que conoce al menos cuatro personas más en situación similar, y que muchas no se animan a dar el paso por temor al escrache o a represalias. “Ha desmembrado a toda la familia, ha hecho un daño muy grande, a nosotros nos va a costar muchísimo salir de esto”, cerró.
> La causa judicial
Brizuela Quiroga fue detenida el pasado sábado 5 de julio por orden de la jueza Celia Maldonado, tras el pedido de la UFI de Delitos Informáticos y Estafas.
Sin embargo, el martes 8 recuperó la libertad tras comprometerse a someterse al proceso y bajo condiciones, como la prohibición de realizar operaciones con sus bienes, que fueron embargados.
La imputación formal abarca cinco hechos de estafa reiterada y un hecho con uso indebido de datos personales de una de las denunciantes. La defensa, a cargo de la abogada Flavia Funes, sostiene que se trató de un proyecto comercial mal gestionado y planteó la posibilidad de llegar a un acuerdo con los damnificados. La imputada declaró tener tres terrenos con los que buscaría reparar el perjuicio.
Por ahora, la cifra oficial asciende a $30.748.444, pero el testimonio de las víctimas abre la puerta a una nueva pregunta: ¿cuántos más confiaron en ella y callan su caso por miedo o vergüenza?