El histórico primer juicio oral y público en el sistema acusatorio federal por un caso de comercio agravado de drogas, considerado complejo por la cantidad de imputados (10 en total, ‘La Banda de los Rosales’), acarreó una serie de sucesos igualmente inéditos. A saber, el juez que dirigía el debate, Daniel Doffo (Tribunal Oral Federal local) lo anuló cuando habían transcurrido dos audiencias, porque entendió que una norma procesal ineludible obligaba a hacer el juicio con tres magistrados. El fiscal del caso, Fernando Alcaraz, apeló entonces porque -en su opinión- la decisión era ‘arbitraria’, una ‘nulidad por la nulidad misma’ que no había provocado ningún perjuicio a las partes, principalmente a la Defensa. Sostuvo que el juicio debía seguir con el mismo juez Doffo.
Y otra vez sucedió algo inusual: el fiscal federal, Raúl Omar Pleé, no apoyó los argumentos de Alcaraz como se suponía, y abiertamente se inclinó -con algunas diferencias- por el razonamiento que había adoptado el juez Doffo. Así, la jueza de la Cámara Federal de Casación Penal, Angela Ledesma, consideró ‘desistida’ la impugnación de Fiscalía y cuestionó las ‘desavenencias’ entre los fiscales, porque ‘contribuyen a dilaciones’ que siempre se quieren evitar en un proceso.
Según fuentes judiciales, la Oficina Judicial local acató la orden de la magistrada y el nuevo juicio a ‘La Banda de los Rosales’ será dirigido por los magistrados mendocinos, Pablo Salinas y Alejandro Piña, y Gretel Diamante de San Luis.
Durante la audiencia para decidir si debía continuar el mismo juez o intervenir un tribunal porque así lo impone la escala penal de los delitos en juego (de 6 a 20 años de castigo), los abogados defensores fueron consultados por la jueza Ledesma, y sus opiniones fueron dispares: Claudio Vera (defensor del supuesto cabecilla, Franco ‘Gordo’ Carrizo), apoyó la argumentación de Doffo. Alejandro Castán (defensor de Sergio Maximiliano Rosales, María Eugenia Parra, Noelia Gimena Ríos, Milagros Deolinda Rosales, Priscila Maricel Rosales e Isaías Emanuel Varela) adhirió al planteo del fiscal Pleé, igual que Manuel Giménez Puchol (asiste Evelyn Yasmil Ríos y Miguel Alejandro Parra). Rubén Pontoriero, defensor del comerciante Angel Andrés Gunella (sospechan que tuvo una participación secundaria), fue el único que pronunció a favor del recurso de impugnación de Alcaraz.
Un total de $2.256.060, cinco vehículos, 590 gramos de cocaína, 17 plantas de marihuana y 9 gramos de esa misma hierba, hongos alucinógenos, balanzas de precisión, teléfonos y elementos para fraccionar la droga, habían sido incautados por policías de Drogas Ilegales a los principales sospechosos.