Permitir que un preso tenga acceso a un celular en una penitenciaría es, en cierta forma, desproteger a la población en general, porque todos conocen el mal uso que la población carcelaria da a los teléfonos móviles perpetrando actos delictivos que pueden ir desde la venta de drogas, actos de extorsión, estafas virtuales, el amedrantamiento de testigos de causas penales y el hostigamiento de mujeres ejerciendo violencia de género. Por ello hay que prohibir totalmente, como lo ha hecho la provincia de Mendoza a través de su Corte de Justicia, la tenencia de celulares dentro de las cárceles, como también de tablets, relojes inteligentes, notebooks y otros dispositivos tecnológicos, a través de los cuales se puede acceder a la telefonía móvil. La única comunicación que puede estar permitida es la de los presos con sus familiares directos o por motivos de estudios on line, pero para ésto hay que asegurarse de que los teléfonos o computadoras pertenezcan a la institución carcelaria y que sean utilizados a la vista de funcionarios del servicio penitenciario y controlados en lo que respecta al motivo y contenido de la comunicación.

A consecuencia de la pandemia y el aislamiento social impuesto en ese momento, se permitió el libre uso de celulares dentro de las cárceles de todo el país, medida que luego no fue revertida en su totalidad a pesar de que la legislación en vigencia prohíbe el uso de estos aparatos en ese ámbito. Los crecientes problemas que se han sucedido hasta ahora, con los numerosos casos de delincuencia comandados desde las cárceles han hecho que provincias como Mendoza actuaran en consecuencia y decidieran prohibir la tenencia o el acceso de los presos de esta forma de comunicación.

El hecho de que los presos tengan acceso a la telefonía celular es un factor que reciente a todo el sistema punitivo. El derecho penal cumple con su función amenazando con la cárcel a todos los ciudadanos, a fin de evitar que cometan delitos. Pero si esa amenaza penal no es efectiva y los presos siguen perjudicando a la sociedad desde la cárcel no se alcanzará el objetivo de resocializar al delincuente.

Lo que hay que evitar es que desde las cárceles, mediante el uso de la telefonía celular, los líderes del narcotráfico sigan emitiendo sus órdenes; o que las asociaciones ilícitas dedicadas a las estafas virtuales sigan amedrentando a las víctimas, familiares y testigos de causas penales, como también que se siga hostigando a las mujeres que sufren violencia de género a la distancia.

Si bien el vínculo familiar es importante en el proceso de rehabilitación de los presos, esto no quiere decir que las comunicaciones entre ellos no deben ser controladas y limitadas. Hay otros objetivos más necesarios en las penitenciarías que es el de otorgar a los detenidos salud, higiene, apoyo espiritual, trabajo, posibilidades para estudiar y el desarrollo del deporte. Cada uno de estos temas contribuyen en mayor medida a que los presos puedan reinsertarse en la sociedad de manera efectiva.