Cada tanto en San Juan se producen amenazas de bombas como una manera de reaccionar ante distintos acontecimientos o simplemente con el propósito de crear un estado de conmoción interna en distintos ámbitos como escuelas, edificios públicos y otros sitios, entre ellos espectáculos públicos como el de la presentación de la cantante Lali que se vio demorado por varios minutos debido a una de esas amenazas. En total son 10 los casos que se han suscitado desde principio de año -duplicaron los casos del año pasado que llegaron a ser cinco-, por lo que la situación se ha puesto cada vez más compleja, requiriéndose de manera urgente enérgicas acciones para evitar que estos hechos sigan proliferando, haciendo que la sociedad viva en un permanente estado de alerta y temor.
Haber sancionado unos de estos casos de amenazas de bombas en escuelas céntricas de la provincia con una multa en dinero, además de la sanción que prevé la legislación en vigencia, representa un gran avance en relación a la forma de hacer que los responsables paguen por algo que han hecho en forma indebida.
Conforme a lo establecido por el artículo 211 del Código Penal, las amenazas de bombas se encuadran dentro del delito de intimidación pública y se considera que se trata de hechos que alteran gravemente el orden público con una acción infundada.
Respecto de la sanción monetaria, en el caso de la amenaza de bomba en la Escuela Ing. Rogelio Boero del pasado 30 de julio, se dispuso que los implicados debían pagar 4 millones de pesos (Dos millones de pesos cada uno al ser dos los involucrados), además de cumplir 24 horas de trabajo comunitario en sus respectivos municipios y un curso en la División Bomberos de la policía de la provincia, con la obligación de presentar certificado de finalización ante la Oficina de Medidas Alternativas (OMA).
Todos estos acontecimientos marcan un principio de una nueva manera de sancionar a una persona que de acuerdo a lo previsto resultará más efectivo, ya que cobrar una multa millonaria a los autores directos de las amenazas o a los padres de los jóvenes que intervinieron en estos casos, se considera que tendrá un impacto mayor que la sanción de prisión o inhabilitación a ejercer ciertas actividades, que de acuerdo a la evaluación que se haga del ilícito puede llegar a resultar muy leve.
Un mayor monto de las multas puede llegar a ser un factor que desaliente este tipo de práctica que, como hemos mencionado se ha intensificado en la provincia alterando ocasionalmente la tranquilidad que la caracteriza.