Destacados dirigentes, administradores de las principales obras sociales del país han coincidido en que el sistema de salud argentino atraviesa por uno de los momentos más críticos de su historia. Los aumentos en el sistema conocido como prepagas, que entre noviembre del 23 y marzo del 24 alcanzaron el 145%, muy por encima de los índices de inflación, motivaron la intervención del gobierno que ha obligado a retrotraer esos valores ante el profundo malestar social que se había generado al afectar la economía de numerosas familias. Es en este punto donde surge la pregunta de por qué el libre mercado no funciona en el sistema de salud de nuestro país.
Ante este cuestionamiento, Mario Koltan, en representación del sector de las prepagas, sostiene que la salud no es un bien de consumo común y que por eso no se puede postergar o prescindir de ella. La idea de pagar o no pagar según la voluntad no existe. Tampoco funciona como una manzana que está cara, entonces no la compro y se termina pudriendo en el cajón. En el sistema de salud todas las partes tienen obligaciones y hay reglas de juego del sistema que no se pueden violar.
Es por ello que las consecuencias del libre mercado en el sistema de salud argentino son palpables. En este caso el aumento desmedido de los precios ha dejado a miles de personas sin cobertura médica, profundizando desigualdades sociales y comprometiendo el derecho a la salud. Ante esta situación los hospitales públicos no son capaces de soportar la demanda creciente que supera su capacidad de atención. A la vez la calidad de atención se está viendo resentida con la escasez de insumos, medicamentos y personal médico capacitado.
Dentro de la búsqueda de soluciones urgentes y de largo plazo se han estado barajando diversas alternativas, como el fortalecimiento del sistema público de salud, la implementación de un sistema de precios regulados o la creación de un sistema único de salud. De toda forma cualquiera de esas soluciones contemplan la participación del Estado, garantizando el derecho a la salud de calidad para todos los argentinos, algo que, sin duda, va a dar lugar en las próximas semanas a un intenso debate en el que también deberá estar presente la industria farmacéutica para evitar prácticas abusivas en el precio de los medicamentos que también limitan el acceso a la salud.
Es una realidad que el Estado tiene la obligación indelegable de garantizar el derecho a la salud, y esto no sólo implica la provisión de servicios de salud de calidad, sino también la regulación del sistema privado para evitar abusos y garantizar el acceso universal a la atención médica.
La situación actual del sistema exige un compromiso firme por parte de todos los actores involucrados: el Estado, las empresas de salud, los trabajadores del sector y la sociedad civil deben aunar esfuerzos para construir un sistema sanitario justo, equitativo y accesible para todos. La salud es un derecho humano fundamental y como tal se lo debe proteger en forma absoluta.