Una de las primeras medidas implementadas por la gestión de Javier Milei a poco de asumir la presidencia fue la de disponer a través del Decreto 126/2023 un informe de entrega y recepción del gobierno que en la práctica implicó una profunda auditoría de cada una de las áreas que conforman la administración pública nacional. Esta tarea fue encomendada a la SIGEN (Sindicatura General de la Nación) y fue la que le otorgó herramientas al Gobierno para no renovar alrededor de 7.000 contratos de empleados públicos e iniciar el proceso de achique del Estado que se viene ejecutando.

Si bien el tema de las auditorías siempre estuvo presente en cada una de las reparticiones oficiales y en las empresas del estado o aquellas con participación estatal, en el transcurso de la semana, después de la marcha del martes último en defensa de la universidad pública, adquirieron mayor relevancia cuando el Gobierno nacional dio a conocer la intención de ordenar una serie de auditorías en las universidades nacionales con el propósito inmiscuirse fehacientemente en el destino que se le da a los fondos que la Nación asigna a estas casas de estudios.

Una auditoría en ámbitos del Estado consiste en una revisión y evaluación de documentos, operaciones, registros y estados financieros, para determinar si estos reflejan, razonablemente, la situación financiera y los resultados de sus operaciones, así como el cumplimiento al marco jurídico establecido. El principio de una auditoría es otorgar transparencia a los actos de gobierno o de instituciones vinculadas al gobierno, y establecer que los ciudadanos tienen derecho a saber en qué se gastan los recursos que ellos mismos aportan a través de impuestos. Varios países desarrollados han hecho de las auditorías la clave para evitar la corrupción y sancionar a funcionarios u organismos que no han superado estos controles, ya sea internos o externos.

La falta de auditorías o la deficiencia en su forma de realizarlas son causales de serias irregularidades involuntarias o ex profesas, que en algunos casos han encubierto graves casos de corrupción o maniobras fraudulentas en perjuicio del Estado.

Al gobierno de Milei, las auditorías le han sido de gran utilidad para conocer el verdadero estado en que recibió el país y el sobredimensionamiento de la administración pública, uno de los factores a solucionar en la búsqueda de combatir el déficit fiscal.

En relación a las auditorías que se han estado realizando en la administración pública y empresas del Estado hay que reconocer que estas guardan una diferencia con las que se pretenden realizar en las universidades. Mientras que en el ámbito público la tarea se encomienda a la SIGEN, la de las universidades a través de la AGN (Auditoría General de la Nación) se debe contar con la aprobación del Congreso.

Por su parte las auditorías de los resultados de la educación y formación se realizan mediante organizaciones especializadas y aceptadas internacionalmente para ameritar la calidad educativa.

Por tales razones el Gobierno ha expresado su decisión de proceder, de alguna manera con las auditorías, reconociendo que son un recurso de gran valor para evitar no sólo casos de corrupción dentro de las organizaciones, sino también para eficientizar el destino de los fondos nacionales asignados.