La magnitud de los incendios forestales que afectan a varias provincias del sur argentino obligó al Gobierno nacional a adoptar una medida urgente: la prórroga por decreto de la Emergencia Ígnea. La decisión, conocida el jueves pasado, llega en un momento crítico, con el fuego avanzando sin tregua sobre vastas zonas de la región patagónica y con un saldo que ya supera las 230.000 hectáreas arrasadas. Frente a este escenario, la prioridad no admite demoras ni especulaciones políticas.

La medida del Poder Ejecutivo se inscribe en un contexto de fuerte presión por parte de los gobernadores patagónicos, quienes reclaman herramientas excepcionales para hacer frente a una situación que desborda las capacidades ordinarias de respuesta. Al mismo tiempo, sigue abierto el debate sobre la conveniencia de incorporar la Emergencia Ígnea al temario de las sesiones extraordinarias del Congreso Nacional, en el inicio de su período. La tensión entre la urgencia operativa y la discusión legislativa atraviesa el escenario político actual.

Consciente de la gravedad del cuadro, el Gobierno nacional resolvió avanzar sin esperar definiciones parlamentarias. En esa línea, se formalizó la transferencia de más de 100.000 millones de pesos al sistema de bomberos voluntarios, actores clave en el combate contra el fuego en el sur del país. Los fondos alcanzan a unas 1.062 asociaciones de bomberos voluntarios de primer grado y están destinados a la compra de equipamiento, materiales, indumentaria y otros insumos esenciales para la lucha contra incendios y la protección civil.

Además, se previeron partidas adicionales para las federaciones provinciales, programas de capacitación y para la Agencia Federal de Emergencia, reforzando así la estructura de respuesta ante catástrofes. Se trata de una señal concreta hacia las provincias afectadas, que ven en estos recursos un alivio inmediato frente a una situación extrema. Sin embargo, estas medidas, aunque necesarias, no reemplazan el debate de fondo que los gobernadores vienen planteando desde hace tiempo.

En el oficialismo parlamentario no se descarta discutir una ley específica, pero existe resistencia a que los mandatarios provinciales impongan el ritmo y la agenda legislativa. En la lógica política, el Gobierno busca atender la emergencia sin resignar margen de maniobra en el Congreso, separando la respuesta inmediata a la catástrofe del debate institucional más amplio.

La definición sobre la inclusión del proyecto de Emergencia Ígnea en las sesiones extraordinarias se conocerá antes del fin de semana. Mientras tanto, lo central es que el Estado esté presente donde más se lo necesita. La tragedia ambiental que atraviesa la Patagonia exige coordinación, recursos y decisiones rápidas, pero también una reflexión profunda sobre las políticas de prevención y manejo del fuego. Atender la urgencia es imprescindible; aprender de la emergencia, una deuda que no puede seguir postergándose.