No está fuera de lugar que el Gobierno nacional haya afirmado que el paro de actividades realizado por la UTA (Unión Tranviarios Automotores) el martes pasado fue una medida “extorsiva” que afectó en gran medida a los trabajadores de todo el país, al impedir a un importante porcentaje presentarse en sus lugares de trabajo o tener que afrontar numerosos inconvenientes para cumplir con sus tareas. Fue un paro que más allá de ir contra la patronal o el gobierno perjudicó a los sectores más carecientes, aquellos que no tienen una movilidad propia o que carecen de medios económicos para movilizarse en otro tipo de transporte que resultan mucho más caros.
Los choferes de ómnibus están percibiendo actualmente un sueldo básico cercano al $1.200.000, pero el propósito de ellos es llegar a un salario de $1.700.000 que es lo que están reclamando al sector patronal que ha ofrecido un aumento escalonado del 6% lo que llevaría el básico a una suma cercana a los $1.270.000. Con estos valores dando vueltas, los colectiveros acataron en un elevado porcentaje el paro dispuesto a nivel nacional por la UTA y amenazaron con profundizar las medidas, llegando a la posibilidad de declarar un paro por tiempo indeterminado en caso de que no haya un acuerdo satisfactorio, medida que afectará directamente a un público que tiene a los colectivos como única alternativa para movilizarse.
Cualquiera sea la acción que se disponga siempre son los sectores trabajadores de menores recursos los que resultan más afectados con una medida de estas características. Dentro de ese grupo está una gran parte de los 18 millones de pobres que hay actualmente en el país, muchos de los cuales si no salen a trabajar pierden totalmente sus posibilidades de ingresos previsto para cada día.
Desde varios sectores de la comunidad se ha pedido al gremio que agrupa a los choferes de colectivos que implemente alguna otra modalidad de reclamo que no sea solamente suspender el servicio, ya que esto afecta a un gran número de empleados en distintas áreas que se ven privados de trasladarse hasta sus lugares de trabajo, perdiendo algunos beneficios como el presentismo. También se perjudica a los alumnos de las escuelas en sus distintos niveles educativos que en casos como el martes último perdieron un día de clase que costará mucho recuperar.
El hecho de que los afiliados de la UTA estén confrontando con los empresarios del sector y los funcionarios del área de transporte en las respetivas provincias, no debería ser motivo para que se suspenda el servicio de colectivos ya que de esta forma queda demostrado que estos actores toman al público usurario de rehén en medio de sus discusiones o negociaciones salariales.
Por otra parte, aunque parezca un reclamo justo, los montos de aumento pretendidos por la UTA no hacen otra cosa que alterar el orden económico que está intentando establecer el gobierno para combatir la inflación, objetivo al que se pretende llegar con algunas medidas como una controlada circulación de dinero dentro de la economía.
Declarar ilegal estos paros y sancionar a quienes los promuevan debería ser la medida más justa en estas circunstancias, en busca de desalentar este tipo de presión que se ejerce sin ninguna contemplación contra la ciudadanía en general.