Si hay algo que la sociedad reclama desde hace tiempo es la transparencia en los actos de gobierno, especialmente aquellos que implican el uso de los dineros públicos que se pone en manos de los altos funcionarios para que sean utilizados de la manera más aprovechable y correcta. Si buscamos una definición de transparencia obtendremos que “es el principio de permitir que los afectados por decisiones administrativas conozcan los hechos y las cifras resultantes y el proceso que dio lugar a esas decisiones”.
La gente reclama transparencia a todo nivel, desde la administración del Gobierno nacional, los gobiernos provinciales y los municipales, pero también en los organismos centralizados y descentralizados del estado y de todos los estamentos de la administración pública. Los pedidos de auditoría, como los que ha exigido el Ejecutivo Nacional en las universidades, es una prueba o intento de establecer la transparencia en uno de los niveles que ha generado ciertos cuestionamientos tanto en el gobierno como en la sociedad.
También se puede entender por transparencia la exigencia de que los gobernadores elaboren sus presupuestos y prevean el nivel de gasto que van a tener en cada área, a fin después de poder rendir cuenta de lo actuado y del destino de los fondos públicos que se obtienen del cobre de impuestos y contribuciones. Es lo mismo que sucede en la Nación con el presupuesto, que habilita a prever gastos y asignar los recursos coparticipables que le corresponde a cada provincia, para que se puedan manejar dentro de las autonomías propias.
En el ámbito municipal, corresponde a los intendentes ser absolutamente transparentes en el manejo de los fondos que le toca administrar a cada comuna. Es el nivel administrativo donde los vecinos deben conocer fehacientemente en que se está invirtiendo el dinero que recibe cada municipio ya sea de coparticipación municipal o en el caso que corresponda por regalías mineras u otras contribuciones propias de la actividad económica de cada jurisdicción.
La gobernanza transparente significa que los funcionarios gubernamentales actúan abiertamente, manteniendo la transparencia y que mejor que esto se de en forma natural y no solo cuando los organismos de control exigen rendiciones de cuenta, en cierta forma compulsivamente.
La transparencia es uno de los principios fundamentales de la actuación de los poderes públicos en virtud de la cual la Administración tienen que hacer pública la información necesaria para que la ciudadanía pueda participar en los asuntos públicos y controlar que la Administración rinda cuenta de su actuación.
Se impone en este nuevo período que todos los sectores del Gobierno se muestren transparentes exhibiendo sus números y difundiendo su manera de actuar, en términos muchos más cortos para evitar tener que enterarnos de irregularidades cuando se termina una gestión y ya no hay tiempo para aplicar sanciones, como ha quedado demostrado en numerosos casos.