El reclamo de San Juan por un trato diferencial en materia de subsidios energéticos no es una novedad ni un capricho coyuntural. Es, por el contrario, una demanda sostenida en el tiempo que vuelve a cobrar fuerza ante la inminente entrada en vigencia, el próximo 1 de enero, del nuevo esquema nacional de “Subsidios Energéticos Focalizados+. La decisión del Gobierno nacional de retirar excepciones históricas, bajo el argumento de ordenar el gasto y avanzar hacia el “valor real” de la energía, amenaza con generar un verdadero shock tarifario en una provincia que no encaja en los promedios diseñados desde los escritorios de CABA (Ciudad Autónoma de Buenos Aires) y el AMBA (Área Metropolitana de Buenos Aires).
El Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE) fue claro al presentar objeciones formales en relación a que el nuevo esquema no contempla las particularidades climáticas ni socioeconómicas de San Juan. El resultado, de no mediar correcciones, será un incremento en las facturas de luz y gas de entre el 20% y el 30%, incluso para hogares vulnerables y de ingresos medios. Se estima que al menos 350.000 usuarios se verán afectados por la quita o reducción de subsidios.
Los fundamentos del reclamo sanjuanino se apoyan en tres realidades ineludibles. Primero, un clima extremo, con inviernos gélidos y veranos sofocantes, que eleva de manera estructural el consumo eléctrico. Segundo, construcciones pensadas para resistir sismos -una necesidad incuestionable- pero no para la eficiencia energética, lo que incrementa la demanda de calefacción y refrigeración. Y tercero, la falta de infraestructura de gas natural en amplias zonas de la provincia, que obliga a utilizar electricidad para calefaccionar hogares y calentar agua.
A ello se suma la pérdida del beneficio de “zona fría” en el gas, que protegía legalmente a unos 120.000 usuarios sanjuaninos, y la reducción de los bloques de consumo eléctrico subsidiados. Hoy, el consumo promedio provincial ronda los 500 a 550 kilovatios hora mensuales, mientras que los topes subsidiados definidos a nivel nacional quedan muy por debajo de esa media. No es casual que los estudios que fijaron esos límites se elaboraron con datos de CABA y el AMBA, donde los patrones de consumo y los ingresos son sensiblemente superiores.
Frente a este escenario, el pedido del EPRE resulta razonable y urgente. Duplicar los límites de consumo subsidiado -de 300 a 600 kWh en invierno y verano, y de 150 a 300 en primavera y otoño- y establecer una bonificación excepcional y permanente del 25% en los precios estacionales para San Juan. Mientras los legisladores nacionales de la provincia buscan abrir una discusión en el Congreso para mitigar el impacto, el reloj corre.
La equidad energética no se logra tratando a todos por igual, sino reconociendo las diferencias. Ignorar la realidad sanjuanina en nombre de la eficiencia fiscal no solo profundiza desigualdades, sino que traslada el ajuste a quienes menos margen tienen para absorberlo. San Juan no pide privilegios: exige justicia tarifaria acorde a su clima, su infraestructura y su gente.