Miguel Ceferino Aciar no declaró. Se especulaba con que saldría a defenderse de los dardos del titular del gremio textil local, Roberto Vega, y su exsocio en la firma AFCOM, Francisco Antonio Fernández, quienes no dudaron en apuntar contra él por las presuntas maniobras fraudulentas con proyectos para comercializar lotes y la construcción de viviendas. Con ambos, por separado, Aciar tuvo vinculación con dos proyectos de desarrollo inmobiliario en el departamento Pocito: 105 lotes en el barrio Nogales 7 con Fernández; y otros 115 en el barrio Textil II con Vega, en una operación que incluía al IPV. Ninguno llegó a concretarse porque no consiguieron los terrenos, pero entre 2019 y 2024 se quedaron con el dinero de numerosas familias que pagaron por un lote o por una carpeta del IPV, que nunca tuvieron. Por ahora hay 12 denuncias por el barrio Nogales 7 y 9 por el complejo a construir con el gremio. Las 21 pesan contra Aciar y, en forma separada, con Vega y con Fernández.
Por eso el fiscal Duilio Ejarque y los ayudantes fiscales Milena Berbari y Pablo Ferrer (UFI de Delitos Especiales) consideran que cometieron reiterados engaños en perjuicio de la gente. Y por esa misma razón pidieron también a la jueza del caso, Celia Maldonado, que les impute estafas reiteradas, los deje encerrados con prisión preventiva, que embargue sus cuentas bancarias y sus billeteras virtuales (en el caso de Aciar eso incluyó a su esposa y sus tres hijos). Y que los inhiba para poder disponer de sus bienes, es decir para poder comprar o vender, pues de esa manera se garantiza a los denunciantes una futura indemnización pecuniaria.
El pasado martes, la jueza dictó 20 días de prisión preventiva a cumplir en una seccional, para Vega y Fernández. Y ayer adoptó la misma decisión con respecto a Aciar. Así, compartió el criterio de Fiscalía de que puede fugarse o entorpecer la investigación, influyendo en empleados y otros testigos (como los profesionales que contrató para los emprendimientos) y aún en los propios denunciantes, uno de los cuales aportó un escrito en el que se les había mentido que uno de los dueños del terreno para el barrio Textil II lo había vendido al gremio, situación que ese propietario negó de plano.
Antes de resolver, la jueza también escuchó a Andrea Román, defensora de Aciar. La abogada dijo que su cliente nunca supo de la orden de captura en su contra, que de todos modos se presentó tres veces en dos seccionales. Negó a su vez los hechos que le atribuyen y que su cliente cometiera delito alguno. Y pidió que se le impongan reglas de conducta a cumplir mientras continúa libre para que pueda seguir trabajando. Que se lo someta a vigilancia con algún dispositivo electrónico. O se le otorgue prisión domiciliaria porque es insulino dependiente. De soslayo, también dijo que quiere llegar a un arreglo con sus denunciantes y lo mismo dijeron los otros imputados. Los denunciantes no recuperaron su dinero.