La presión impositiva continúa siendo una de las principales preocupaciones de la economía argentina. A pesar de los cambios políticos y de los discursos que prometieron un giro profundo en materia fiscal, producir en el país sigue siendo una tarea compleja, costosa y cargada de incertidumbre. Para numerosos sectores de la producción, la carga tributaria llega a absorber hasta un 30 por ciento de la rentabilidad, un porcentaje que, lejos de estimular la actividad, desalienta la inversión y frena el crecimiento.

El problema no se limita al plano nacional. En provincias como San Juan, la superposición de tributos nacionales, provinciales y tasas termina configurando un esquema asfixiante para el sector privado. Se estima que en la Argentina existen alrededor de 150 impuestos, de los cuales unos 20 impactan de manera directa en las actividades que se desarrollan en territorio sanjuanino. Esta maraña fiscal se ha consolidado como uno de los principales frenos para quienes apuestan a producir y generar empleo genuino.

Algunos gravámenes son específicos y afectan a rubros puntuales, como el impuesto a los combustibles, pero otros tienen un alcance transversal que alcanza a casi todo el entramado productivo. Entre los impuestos nacionales ineludibles se destacan el Impuesto al Valor Agregado (IVA), el Impuesto a las Ganancias, los aportes y contribuciones a la seguridad social y el impuesto al cheque. Todos ellos inciden directamente sobre los costos y reducen los márgenes de rentabilidad.

En el plano provincial, si bien se ha dado un paso positivo con la eliminación del impuesto denominado Lote Hogar, la medida resulta claramente insuficiente frente a la persistencia de otros tributos de mayor peso. El caso más emblemático es el de Ingresos Brutos, cuya alícuota general ronda el 3 por ciento sobre las ventas. Se trata de un impuesto particularmente regresivo, ya que no contempla la rentabilidad ni la capacidad contributiva, castigando por igual a empresas con realidades muy distintas.

A esto se suman otros gravámenes como el impuesto de Sellos, el inmobiliario, el automotor y una serie de tasas vinculadas a habilitaciones, inspecciones y servicios indispensables para el funcionamiento diario de las empresas. En el ámbito municipal, si bien existen tributos locales, su incidencia es menor y no representa un peso significativo dentro de la estructura de costos.

En un contexto donde el Gobierno nacional insiste en la necesidad de un sector privado fuerte como motor del crecimiento, y a más de dos años del inicio de la nueva gestión, la prometida baja de impuestos sigue pendiente. El sistema fiscal vigente no acompaña la recuperación económica ni el desarrollo de las empresas. Resulta imperioso acelerar los cambios estructurales y transformar las promesas en decisiones concretas que alivien la carga, dinamicen la economía y devuelvan previsibilidad al entramado productivo.