La madre de la chica había notado que comía de más y que su vientre había comenzado a abultarse. Entonces tomó la decisión más lógica, llevarla a un control en un centro de salud, donde pidió que le colocaran un dispositivo para evitar los embarazos. Pero un análisis de rigor terminó por revelarle una verdad que no esperaba: estaba embarazada. En el acto interrogó y supo por boca de su hija que el padre de esa criatura era el mismo sujeto con el que, meses atrás, había descubierto que se mensajeaba. Y no aguantó: porque ya en ese momento le había dicho a ese joven que se alejara de su hija, y la novedad de un embarazo la hizo estallar de furia. Fue hasta su casa y a los gritos le dijo: “Le cag… la vida a mi hija”.
El 6 de marzo pasado denunció. Ahí se supo que esa niña de 15 años tenía entre 5 y 6 meses de gestación.
Ante un psicólogo del Anivi, la menor contó que ese sujeto, Rubén Eduardo Rojas (30 años), vive al lado de un club donde ella iba a practicar deportes. Que la contactó por Instagram, que accedió a tener una relación sentimental con él y que en febrero de 2023 consintió en tener relaciones sexuales.
Esos encuentros íntimos entre el imputado y la niña se sucedieron a pesar de que, en junio de 2023, la madre de la chica descubrió que se mensajeaban y fue hasta la casa de Rojas para pedirle que se alejara de su hija.
Como en ninguno de esos encuentros usaron protección, ocurrió algo lógico. En noviembre pasado, la chica notó que no menstruaba, se lo comunicó a ese sujeto del que estaba enamorada y él se encargó de conseguir dos test de embarazo que dieron positivo. En ese momento sucedió un primer quiebre en la relación: él le sugirió abortar, ella no quiso y siguió adelante con su decisión, hasta que su madre descubrió todo y denunció a su “novio”.
El pasado 15 de marzo, Rojas fue detenido, pero ayer quedó en libertad a pedido del fiscal coordinador, Raúl Iglesias, y la ayudante fiscal Ana Bustos (UFI Anivi). Fue porque pactaron un juicio abreviado con el imputado y sus defensoras, Carla Manini y Micaela Galvani, con un castigo de 3 años sin encierro, el mínimo de la pena previsto para el tipo de delito que le atribuyen: abuso sexual por aprovechamiento de la inmadurez de la menor.
El juez, Andrés Abelín, homologó el acuerdo, aplicó la condena y las reglas de conducta acordadas por 3 años (no molestar, contactar ni acercarse a la víctima y su madre a menos de 300 metros), y liberó al condenado.