Si bien siempre fue factible realizar auditorías en cada una de las reparticiones oficiales y en las empresas del estado o aquellas con participación estatal, fue a partir del último cambio de gobierno nacional y provincial que se hicieron habituales en varias dependencias de la administración pública, permitiendo esclarecer irregularidades que se habían estado cometiendo durante gestiones anteriores.
En la provincia de San Juan este procedimiento, que ha llevado su tiempo para que arrojara las primeras conclusiones, ha dado lugar a una serie de pedidos de informes por parte del bloque oficialista de la Cámara de Diputados local sobre presuntas irregularidades en temas puntuales, durante la gobernación de Sergio Uñac. Pero esta semana en ese mismo ámbito legislativo el bloque opositor Justicialista también ha promovido otro pedido de informe en temas puntuales de la actual gestión de gobierno. Más allá de que estos planteos prosperen o sean desestimados, hay que tener en claro que tanto las auditorías como los pedidos de informe e investigación son propios del sistema democrático y es una buena forma de controlar el cumplimiento de cada gestión.
La implementación de auditorías en cada área de gobierno fue una de las primeras medidas implementadas por la gestión de Javier Milei a poco de asumir la presidencia de la Nación, dentro del proceso de entrega y recepción del gobierno. A nivel nacional, la tarea fue encomendada a la SIGEN (Sindicatura General de la Nación) y el resultado de las primeras auditorías fue la que le otorgó al gobierno herramientas para no renovar contrato a miles de empleados públicos e iniciar el proceso de achique del Estado que se viene ejecutando desde ese momento.
Por definición, una auditoría en ámbitos del Estado consiste en una revisión y evaluación de documentos, operaciones, registros y estados financieros, para determinar si estos reflejan, razonablemente, la situación financiera y los resultados de sus operaciones, así como el cumplimiento al marco jurídico establecido. El principio de una auditoría es otorgar transparencia a los actos de gobierno o de instituciones vinculadas al gobierno.
Por su parte el pedido de informe legislativo, es una solicitud formal para obtener información sobre un tema específico para que el Poder Legislativo pueda ejercer su función de control y supervisión sobre la gestión del Ejecutivo.
La falta de auditorías o la deficiencia en la forma de realizarlas son causales de serias irregularidades involuntarias o ex profesas, que en algunos casos han encubierto graves casos de corrupción o maniobras fraudulentas en perjuicio del Estado.