El intento por conciliar en la Justicia Penal a dos partes que mantienen un añejo conflicto con denuncias de falsificación de firmas por el fraccionamiento de una hectárea y media en 156 copropietarios, recrudeció en otro enfrentamiento. Sucedió que Susana Cabañas (copropietaria) y sus abogados Sonia Díaz y su hijo, Gerardo David Carrizo Díaz, se volvieron a oponer al único modo legal de fraccionar el terreno (más de dos dueños por lote) y exigieron al resto de los condóminos un pago de $18.000 dólares o un lote completo y disculpas públicas de los letrados en todos los medios periodísticos y redes sociales, para ‘limpiar sus nombres’.
Es que los representantes del resto de los copropietarios, encabezados por la ingeniera Zulma Ledesma (cuentan con la asistencia del abogado Mario Arancibia) los habían denunciado por falsificar 6 firmas de su clienta en el expediente del juicio civil (hubo pericia de parte y otra oficial), situación que llevó a una fiscalía de Delitos Especiales, a imputar a los abogados, para luego desprenderse de la causa por entender que las maniobras habían ocurrido antes del sistema acusatorio, es decir cuando estaba vigente el viejo sistema procesal.
Del lado de los letrados, aportaron su propia pericia para desmentir tal situación de ilegalidad. Y cuando una Fiscalía del viejo sistema procesal los mandó a conciliar, insistieron en su pedido y que la otra parte se disculpe.
Pero eso avivó las llamas. ‘Es como si el asesino pidiera plata o que le paguen porque la víctima se atravesó en el camino de su puñal’, dijo Ledesma.
Y agregó: ‘desde 2008 sufrimos una extorsión sistemática, una parte en contra de la decisión de 155, no hemos cedido ni vamos a ceder en la denuncia penal, la doctora Díaz pidió 18.000 dólares, por un derecho cuyo valor de mercado no excede los dos millones de pesos. En 2028 cumpliremos 20 años sufriendo el interés desmedido sin fundamento jurídico y si la doctora fuera inocente del delito de falsificación de firma en 2021 cuando le denunciamos, se hubiese presentado a peritar su escritura y no lo hizo, prueba que es culpable’.
La mayoría de los condóminos intentarán que, además de la presunta falsificación de firmas en el expediente civil, los abogados y la copropietaria que representan, sean investigados por esta procesal, indicaron.
La hectárea y media que ahora está en conflicto, había sido heredada de otro problema aún más viejo: la estafa multimillonaria que habían sufrido las 156 familias que pagaron a ‘Cóndor Propiedades’ para tener su lote y su casa propia, hace 37 años.