A pesar de que existen leyes nacionales y provinciales que garantizan que una persona con discapacidad debe tener 100% de cobertura en tratamientos de salud y terapéuticos, hay una gran cantidad de casos que terminan en la Justicia. En los tribunales sanjuaninos (sin contar la Justicia Federal, cuyos datos no trascendieron), en 2024 hubo 71 casos que se judicializaron, lo que implica 1,4 promedio por semana, y en lo que va del 2025, otros 13, es decir 0,6 casos de media semanal, con una disminución del 57% por semana. Según un abogado especializado, las obras sociales y las prepagas siguen “denegando prestaciones que deberían dar”.
Tras un pedido de DIARIO DE CUYO, el Poder Judicial informó cuántos amparos ingresaron a los juzgados civiles tanto en el año 2024 como en lo que va del 2025, hasta el 15 de mayo. En las estadísticas oficiales sólo se tuvieron en cuenta los amparos, que es la acción legal que corresponde en los casos en los que se están violando derechos fundamentales de las personas. Fernando Conte Grand, abogado especializado en la temática, dijo que con este tipo de acciones en general también presentan una cautelar. “Lo que hace el letrado es iniciar la causa, mostrándole al juez que se está incumpliendo con el derecho, y a la vez solicitar que el prestador cumpla con su obligación mientras se resuelve, porque la salud no puede esperar”, detalló.
Es que los familiares o personas con discapacidad recurren a un amparo cuando consideran que se están incumpiendo las normativas que indican que deben cubrirles sus tratamientos. En Argentina y en San Juan, tanto obras sociales privadas como publicadas están obligadas a “cubrir el 100% de lo que tenga que ver con la discapacidad”. Pero, a pesar de esto, denunció Conte Grand, “actúan con malicia y con perversión, negando lo que es un derecho”. Contó que en muchos casos los prestadores “alegan que no les alcanza la plata” o que hay algún tipo de incompatibilidad, como que la persona tiene más de una cobertura, algo que es legítimo.
El profesional dijo que las estadísticas del Poder Judicial local solo cubren una parte de la problemática. “En los juzgados civiles locales se pueden cursar litigios con la Dirección de Obra Social, conocida como Obra Social Provincia o la provincia en sí misma”, dijo. En el listado de los juzgados civiles que corresponde a los amparos de 2024, de los 13 iniciados 11 son contra la entidad local o el estado provincial. Los otros dos denuncian a la Obra Social de Conductores de Transporte de Colectivo de Pasajeros y la Obra Social del Personal de la Sanidad Argentina. En 2024 hay varias obras sociales privadas señaladas, entre ellas Medife, OSDE, OSPE y OSMATA. También están señalados PAMI, Profe e Incluir Salud, programas nacionales de cobertura.
Para Conte Grand, el grueso de los amparos es probable que estén en la Justicia Federal, por fuera de los más de 80 que informó la justicia local. Esto se debe a que los amparos contra las prepagas y obras sociales privadas o nacionales deben ser ingresados por este juzgado. Explicó a la vez que estas denuncias no llegan a representar el 100% de las personas que no tienen la cobertura que les corresponde por ley. “Hay personas que no tienen la información y no saben que les corresponde la cobertura, o que no tienen los medios o se cansan del sistema y terminan pagando medicamentos o tratamientos, aunque están protegidos por las leyes, que son excelentes”, señaló.
Incluir en el foco
Las personas con discapacidad están protegidas por la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que en Argentina tienen nivel constitucional, y leyes nacionales y provinciales. A pesar de esto, Federico Conte Grand señaló que Incluir Salud, un servicio que depende de Nación, está desafilando a personas que cuentan con esta cobertura porque tienen otra obra social, cuando esto no debería ser así.