La disputa por la expropiación del complejo cultural y deportivo La Superiora, que comenzó en 2012, ha llegado a una instancia judicial en la que las partes están a la espera de lo que resuelva la Cámara de Apelaciones en relación al pedido por parte del municipio de una nueva tasación, al considerar que la anterior arrojaba un monto exorbitante que no puede ser pagado por la comuna. En tanto los empresarios expropiados están considerando, en caso de verse desfavorecidos recurrir a la Corte de Justicia como una última alternativa ante su planteo.
Este juicio se originó después de que el ex intendente Juan Carlos Gioja avanzó con la expropiación de la ex bodega La Superiora ante la necesidad de contar con un complejo municipal destinado para la cultura y eventos deportivos. En una primera tasación se fijó un precio a pagar de $5.800.000, pero tras una apelación ante el Tribunal de Tasaciones y un fallo judicial que salió en 2017 ese monto ascendió a $6.822.400. De ese total el municipio pagó $5.800.000 de indemnización a los propietarios, tras la declaración de utilidad pública del lugar, y se comprometió a pagar poco más de un millón de pesos, el equivalente al 15% restante del total. Pero como nunca se saldó esa deuda, todo terminó en una disputa judicial que hasta la fecha no se ha resuelto.
Los montos que se están manejando en esto momentos son considerables, ya que las acciones iniciadas tanto por el municipio como por los ex dueños, entre los que se encuentra el empresario Matías Pallito, llegaron a la Corte de Justicia que a principio de 2023 ordenó una valuación que aumentó el valor del inmueble a casi $1.500 millones, lo que elevó la deuda que debe afrontar el municipio a $370 millones.
Esta exorbitante suma, que no fue cuestionada en ningún momento por el anterior intendente Rubén García, pero que tampoco la abonó, motivó al actual intendente Carlos Munisaga a solicitar la nulidad del proceso, a lo que la Sala IV de la Cámara Civil accedió suspendiendo la ejecución de la sentencia hasta tomar una decisión definitiva.
Desde un primer momento “Cuyo inversiones SA”, la empresa de Pallito y sus asociados, calificaron este proceso de expropiación como un “escándalo jurídico” dado que el municipio de Rawson pretende impugnar la tasación realizada en el 2023, bajo el argumento de que se trata de una nueva administración municipal. La queja de los expropiados es que la Cámara de Apelaciones ha aceptado tratar una queja “extemporánea” retrasando aún más la resolución del conflicto que ya lleva 12 años sin resultados.
Desde el punto de vista que se lo analice la situación es complicada ya que cualquier decisión que se tome puede llegar a afectar intereses de los particulares u ocasionar un serio perjuicio económico-financiero a la Municipalidad de Rawson que sigue firme en su tesitura de que se han cometido varios errores en el proceso de tasación como tomar tres inmuebles como valor de referencia que habían sido vendidos en el 2023 en dólares, habiéndose tomado al valor del dólar blue que ascendía a unos $800 cuando el oficial por entonces era de $350, sin contemplarse que la tasación debe efectuarse en relación al dólar oficial, es decir por la vía legal.