Barcelona se convirtió en escenario de un fallo judicial sin precedentes en España. El Juzgado de lo Social número 31 dictaminó que los efectos adversos provocados por la vacuna contra el COVID-19 de AstraZeneca pueden ser considerados accidente laboral, marcando un hito en la jurisprudencia nacional.
La resolución favorece a Pedro García, docente de Física y Química en el Instituto Infanta Isabel de Aragón quien en 2021 recibió la vacuna como parte del grupo de trabajadores esenciales. Semanas después, García desarrolló una trombosis severa que lo mantuvo hospitalizado durante más de tres semanas, incluyendo una semana en cuidados intensivos. El diagnóstico médico apuntó a una trombocitopenia trombótica inmune inducida por la vacuna Vaxzevria.
El profesor, que entonces tenía 45 años, fue convocado a vacunarse en febrero de 2021, en plena campaña de inmunización. Según relató, la asignación de la vacuna se realizó en función de su rol laboral, lo que lo llevó a recibir AstraZeneca en lugar de otras alternativas disponibles para su grupo etario.
Tras presentar una demanda, el tribunal reconoció que existía un vínculo directo entre la vacunación y la actividad profesional del afectado. El fallo establece que las secuelas médicas sufridas por García deben ser tratadas como accidente laboral y no como enfermedad común, lo que implica beneficios adicionales en términos de cobertura y protección social.