Hoy, la jueza Flavia Allende definirá si ordena embargar las cuentas (incluidas las billeteras virtuales) e inhibe de poder comercializar sus bienes a cinco sospechosos, a los cuales Fiscalía les atribuye haber estafado a por lo menos 18 familias con la venta de terrenos en el ‘Loteo Vista al Este’ o ‘Loteo la Curva’, en Médano de Oro, Rawson, entre 2019 y 2024. Según el fiscal Duilio Ejarque y la ayudante fiscal, Silvina Putelli (UFI de Delitos Informáticos y Estafas) tres terrenos fueron parcelados en 230 fracciones de entre 300 y 400 metros cuadrados, de manera irregular porque lo permitido legalmente en esa zona es una porción mínima de 1.500 metros cuadrados. Además -argumentaron- los vendedores nunca pudieron conseguir la propiedad definitiva de esos terrenos.
Hoy, los imputados podrán dar o no su versión de los hechos. Y sus defensores realizar las oposiciones que crean convenientes frente a la imputación de sus clientes.
Lo grave del caso, según Fiscalía, es que muchas de las familias denunciantes ya construyeron su casa en ese lugar situado a un costado de la ruta provincial 155 (o Calle 5) en inmediaciones del cruce con Cochagual.
Los sospechosos en cuestión son los hermanos, Martín Gastón (48) y Oscar Ramón Díaz (57), a quienes se les atribuye haber convencido al mecánico Sergio Matías Fernández (39) y al albañil, Jorge Emilio Castro (40), para que firmaran los contratos con los compradores de esas tierras. Carlos David Gordo (37) es el quinto imputado. A su nombre figuraba una cuenta de Facebook a través de la cual se ofrecían los terrenos, financiados, y en la audiencia pasaba le fue incautado su teléfono porque -se sospecha- también recibió algunos de los pagos.
La causa del ‘Loteo Vista al Este’ es un desprendimiento de otro megafraude que investiga Fiscalía con la venta de terrenos fiscales. Ese caso tiene en común, como imputados, a los hermanos Martín Gastón y Oscar Ramón Díaz, también a otro hermano de ambos, José Alberto y a la hija de Martín, Alexiana. También están vinculados Víctor Dávila, que dijo haberles hecho la gauchada de firmar los contratos de compraventa para no perder su trabajo como chofer de los Díaz. Y Estela Capelli, quien dijo ser única heredera del terreno fiscal identificado como ‘Lote 9’, cuando se lo adjudicaron a su padre hace unos 50 años, para que lo trabajara como colonia agrícola.
Por esta última causa, a la familia Díaz, a Dávila y Capelli les atribuyen 48 denuncias de familias, muchas de las cuales habitan en 22 de las casas construidas en ese loteo.