Hubo abrazos y demostraciones de alegría, al final de la audiencia, cuando la jueza del Tribunal de Impugnación, Ana Lía Larrea, dio a conocer que ponía fin a los dos meses de encierro preventivo del líder local del gremio de los empleados textiles, Roberto Vega, como también de los otros dos imputados en una investigación por presuntas estafas reiteradas con la venta de lotes y desarrollos inmobiliarios, los empresarios Miguel Ceferino Aciar y Francisco Antonio Fernández. La decisión de la magistrada significó una adhesión al pedido de los abogados defensores, Ivana Salas y Martín Torcivia (por Vega), Jorge Videla (asiste a Aciar) y Fernando Castro (defiende a Fernández), quien había cuestionado duramente la decisión de mantener preso a su cliente por la ‘enfermedad irreversible y progresiva’ que sufre: esclerosis múltiple. ‘Hay que ver de manera creativa cómo asegurar los fines del proceso, sin poner en riesgo valores fundamentales, como la vida del imputado’, dijo Castro, en alusión a que su cliente había sufrido una crisis (de nervios, según Fiscalía) y fue tratado con un psicofármaco, ‘contraindicado por su cuadro de salud’.
El fiscal Duilio Ejarque y el ayudante fiscal Pablo Ferrer (UFI de Delitos Informáticos y Estafas), habían pedido confirmar la decisión de mantener los 30 días de prisión preventiva de los imputados (vencía el próximo 25 de agosto), por el peligro de que obstaculicen la investigación. Así, dijeron, que sobre Aciar y el gremialista pesan unas 70 denuncias por el barrio Textiles II a construir con una operatoria del IPV y nunca se hizo. En esa causa, Vega llegó a decir que no percibió el cobro de las cuotas de los afiliados, pero Fiscalía mencionó evidencia que lo vinculaba en el recibo de unos 4 millones.
Aciar también está señalado por su vinculación, junto con Fernández, en las presuntas estafas reiteradas cometidas contra varias familias que pagaron por un emprendimiento inmobiliario en el barrio Nogales 7, que tampoco se construyó. En ese caso, Fernández dijo que se había desligado como socio de Aciar tres años atrás.
Fiscalía consiguió que la magistrada que interviene en la investigación, Celia Maldonado, ordene embargar los bienes, las cuentas y billeteras virtuales de todos los imputados, además de inhibirlos para poder desprenderse de sus bienes, vendiéndolos para ‘insolventarse’ en caso de tener que enfrentar demandas por daños y perjuicios. Los investigadores sospechan que eso quiso hacer Aciar cuando dijo en una reunión que le pasaría sus bienes a sus hijos para enfrentar los compromisos que había asumido, pero Fiscalía sospecha que al menos dos de sus hijos pudieron ser parte de la maniobra, según explicó ayer, en la audiencia, el fiscal Duilio Ejarque.