El avance registrado en torno a la ley de juegos online marca un punto de fundamental importancia en una discusión que lleva años en la agenda pública provincial. Aunque la normativa fue sancionada en 2024, recién en los últimos meses comenzó a tomar forma el complejo circuito administrativo que permitirá su implementación efectiva. La previsión oficial es clara. Para 2026, San Juan contará con un sistema de juego online plenamente regulado, con estrictos controles y un enfoque central en la responsabilidad social.
Desde la Caja de Acción Social (CAS) reconocen que el proceso no es sencillo. La incorporación de tecnología de última generación para detectar y bloquear sitios ilegales, sumada a los exigentes requisitos que deberán cumplir las plataformas autorizadas, explica buena parte de la demora. Sin embargo, lejos de ser un obstáculo, esta complejidad es una señal positiva. El objetivo no es habilitar el negocio del juego sin más, sino garantizar un entorno seguro, transparente y controlado.
Uno de los aspectos más relevantes de la ley es su mirada preventiva. La virtualidad ha demostrado ser un terreno fértil para el acceso irrestricto, especialmente de menores, lo que ha convertido al juego online en un consumo problemático. Frente a este escenario, la normativa establece herramientas concretas a través de la identificación biométrica para impedir el ingreso de menores, límites de tiempo y de dinero en las apuestas, protección estricta de los datos personales y auditorías permanentes a las empresas operadoras.
La legislación también pone el foco en la transparencia operativa. Se fijan parámetros claros para asegurar el pago de premios y evitar que el juego sea utilizado como vehículo para fraudes, lavado de dinero u otras prácticas ilegales. Además, contempla licencias específicas para los operadores y campañas de prevención de la ludopatía, entendiendo que el juego responsable no es solo una consigna, sino una política pública que debe sostenerse en el tiempo.
Actualmente, tras la aprobación de la reglamentación por parte del Consejo de Administración de la CAS, el instrumento legal se encuentra en el Ministerio de Economía y Finanzas, a la espera de la firma del decreto que autorice su implementación. Una vez en vigencia, se prevé avanzar con firmeza contra los sitios ilegales, con el respaldo del Ministerio Público Fiscal y la Secretaría de Seguridad, que impulsarán acciones y campañas para desalentar el juego clandestino.
Es cierto que la implementación de esta ley ha demorado más de lo esperado y que los motivos no han sido del todo explicitados. No obstante, su puesta en marcha resulta impostergable. Se trata de una norma necesaria, moderna y alineada con los desafíos actuales, que puede contribuir a ordenar una realidad que hoy genera riesgos sociales evidentes. San Juan tiene la oportunidad de dar un paso decisivo al regular para proteger, controlar para prevenir y garantizar que el juego deje de ser un problema y se convierta en una actividad estrictamente regulada y responsable.