El problema que presenta el sistema jubilatorio en nuestro país se remite a un esquema en el que la informalidad del mercado laboral es altísima (empleo en negro); el sistema se financia con una mezcla de recursos muy disímiles; donde afloran las moratorias; donde prima la imprevisibilidad normativa y donde la transición demográfica nos lleva a un envejecimiento acelerado de la población. Todo esto hace que queden muy pocas oportunidades para revertir la tendencia negativa en el que se encuentra y al que se dirige el referido sistema de jubilaciones, cualquiera sea su modalidad.
Algunos analistas consideran la posibilidad de aplicar un sistema mixto (de reparto y de capitalización) que perdure en el tiempo, junto a medidas para subsanar el déficit del sistema, pero esto no es nada sencillo.
Para comprender la crisis por la que atraviesa el sistema jubilatorio actual, es necesario remitirse al siglo pasado, en la época en que Juan Domingo Perón era Secretario de Trabajo y Previsión de la Nación. Fue en ese momento en que se inició el proceso de universalización de los beneficios, es decir que se buscó cubrir a todos los trabajadores con el derecho a la jubilación tal como se lo conoce actualmente.
En principio la idea y la voluntad eran buenas, aunque con los años se vio que el sistema comenzó a tener algunos inconvenientes. Esa expansión en los beneficios requería una planificación que no se hizo en la medida correcta y esto desencadenó una serie de problemas que se fueron solucionando con ‘parches”, siempre en detrimento del haber jubilatorio que percibía cada beneficiario.
En años posteriores se sucedieron distintos sistemas, luego de que estuvo en vigencia el de reparto vino una etapa, alrededor del año 2007, en que se implementó el sistema de capitalización que administraban las AFJP. Disuelto este sistema se volvió al de reparto FGS (Fondo de Garantía de Sustentabilidad) sin conseguir que los jubilados tuvieran un haber un poco más decoroso, situación que ha perdurado hasta ahora.
Hay que entender que sin una auténtica reforma laboral, que equilibre el número de trabajadores aportantes con los beneficiarios de jubilaciones, cualquier sistema previsional será inviable.
Con aumentos extraordinarios dispuestos por ley, como el que acaba de sancionar la Cámara de Diputados de la Nación, del 7,2%, junto al incremento del bono previsional que llegaría a los $110.000, no se solucionará el problema de fondo.
Ya se ha mencionado en otras ocasiones que para mejorar los haberes jubilatorios en forma definitiva hay que aumentar el número de trabajadores en blanco, mejorar el nivel salarial y garantizar los aportes de manera que no haya evasión. Sólo así el sistema tiene posibilidades de recuperarse y ser sustentable en el tiempo.