Tres ministros de la Corte de Justicia pusieron fin a la pretensión de los exdueños de la empresa de turismo, ‘d’viaje destinos’, de zafar del juicio con tareas comunitarias (solo los días sábados) y un ofrecimiento que, para las víctimas, resultó indignante e irrisorio: $2.000 (elevado luego a $10.000) por cada damnificado de esas maniobras con paquetes turísticos que, entre abril y diciembre de 2018, significaron para esas personas y para otra empresa del rubro, una pérdida cercana al millón de dólares.
Ahora, el fallo debe bajar a la Cámara Penal, donde el juez, Víctor Muñoz Carpino, había rechazado, el 18 de octubre de 2022, el pedido de los imputados, Carlos Federico Vargas Oviedo y Erick Germán Koller. Ahora, en ese tribunal deben fijar la fecha de juicio contra ambos, dijeron fuentes judiciales.
En su voto, los ministros, Guillermo De Sanctis, Juan José Victoria y Marcelo Lima, respaldaron la oposición de Fiscalía, que impide conceder el beneficio. La fiscal Marcela Torres, había dicho que el ofrecimiento de dinero, $2.000, ni siquiera alcanzaba para calificarlo de ‘simbólico’ (como dice la ley).
Y había remarcado: ‘Otorgar el beneficio significaría abrir la puerta en este tipo de casos y dejar a la sociedad a expensas de individuos inescrupulosos dispuestos a cometer hechos defraudatorios. Como titular de la acción penal, por razones de transparencia de política criminal del Ministerio Público Fiscal y por el interés general de la sociedad, solicito el rechazo del planteo y la realización del juicio oral para desentrañar y conocer qué fue lo que ocurrió’.
También se opuso porque una de las víctimas dijo que ambos estaban en quiebra. Y los mismos imputados dijeron que ni siquiera podían pagar la cuota alimentaria de sus hijos. Para Fiscalía, eso demostraba también su intención de no cumplir, ni siquiera con el mínimo que ofrecían.
Fue el defensor oficial, Carlos Reiloba (hoy ambos tienen otro defensor oficial) quien cuestionó la oposición fiscal porque -entre otros motivos- no decía donde estaban escritas esas razones de política criminal argumentadas por Fiscalía, calificando la oposición fiscal de ‘infundado y arbitrario’.
Pero la Corte rechazó el planteo y confirmó la oposición fiscal, que impide la probation cuando su opinión es fundada. ‘Adviértase que los motivos que fundamentaron la oposición fiscal fueron expuestos y constituyen una clara manifestación de voluntad sobre situaciones de oportunidad político criminal acerca de la conveniencia de continuar con la persecución penal en el caso concreto’, dijo el ministro De Sanctis en su voto.