El aumento dispuesto por la Corporación Vitivinícola Argentina (COVIAR) para las contribuciones obligatorias que deben efectuar las bodegas, es una acción que claramente está fuera de la realidad de las empresas que, en estos momentos atraviesan, cada una en su medida, por una situación de crisis dada por el bajo nivel de precios y los volúmenes de comercialización que se manejan en el sector vitivinícola.
A pesar de que se ha dicho que el aumento del 45% tendrá un impacto económico que en la práctica será bajo, desde distintos sectores vinculados a la industria vitivinícola han elevado sus voces para oponerse a la medida que a criterio de los empresarios y de los funcionarios de la Secretaría de Agricultura de la Nación no es el momento indicado para una medida de estas características, en un marco de crisis generalizada para el sector.
La COVIAR no puede estar tan alejada de la realidad y considerar este tipo de aumentos, pensando que puede seguir imponiendo al sector bodeguero la exigencia de mayores aportes al organismo, cuando lo que se debería promover es el mantenimiento de los montos que se han venido pagando en los últimos meses.
No se puede admitir que mientras el Gobierno provincial intenta aplicar distintas políticas para alentar la actividad vitivinícola, este organismo nacional recurra a un aumento del 45% en el valor de los aportes que realizan los bodegueros, malogrando un beneficio que en estos momentos es fundamental para el mantenimiento y desarrollo de la actividad vitivinícola.
Por más que la ley 25.849 faculte a la COVIAR a aplicar el aumento de los aportes, esto no quiere decir que los tenga que hacer necesariamente, ya que se sabe que de una u otra manera terminan perjudicando a la actividad.
El Gobierno nacional ha pretendido alejarse de esta decisión diciendo que no la ha avalado en ningún momento, mientras que en la COVIAR aseguraron que el ajuste se hizo de común acuerdo. Entanto los gobiernos de Mendoza y San Juan dejaron ver su oposición contra la disposición, al entender que con medidas de estas características se perjudica a toda la industria vitivinícola, posición que también comparte el INV (Instituto Nacional de Vitivinicultura) y otros organismos similares.
La preocupación radica en que este nivel de aumento de los aportes impactan directamente sobre los costos de producción de bodegas y viñateros.
Debe haber un mayor compromiso de todos los sectores que forman parte de esta industria con una vitivinicultura sostenible, competitiva y basada en el consenso, para que el sector salga adelante.