La fuerza del viento que azotó San Juan el viernes por la tarde volvió a dejar al descubierto una verdad ineludible. La provincia, por su geografía y condiciones climáticas, debe estar permanentemente preparada para enfrentar catástrofes naturales y accidentes que ponen en riesgo a la población. No se trata de alarmar, sino de asumir con responsabilidad que los fenómenos extremos son parte de la realidad local y, por lo tanto, la prevención debe ocupar un lugar central en la agenda pública y comunitaria.
San Juan convive con una amplia variedad de riesgos: incendios forestales, provocados muchas veces por la imprudencia humana o por fallas eléctricas; fuertes vientos, ya sea el temido Zonda o el intenso Sur; lluvias prolongadas que ocasionan anegamientos y cortes de rutas; temblores y terremotos que forman parte de su historia sísmica; y rescates en zonas de difícil acceso. Cada uno de estos episodios demanda respuestas inmediatas y eficaces, donde el tiempo y la organización marcan la diferencia entre una emergencia controlada y una tragedia de mayores dimensiones.
La Dirección de Bomberos D-9 de la Policía de San Juan, con más de un siglo de existencia, cuenta hoy con personal capacitado, equipamiento de última generación y un despliegue territorial que incluye siete destacamentos distribuidos en distintos departamentos. Sin embargo, las distancias, la complejidad del terreno y las limitaciones para acceder a sitios apartados siguen siendo obstáculos que condicionan la rapidez en la asistencia.
Es aquí donde cobra especial relevancia la tarea de los cuerpos de bomberos voluntarios. Estas agrupaciones, presentes en la mayoría de los departamentos, cumplen una función estratégica: son los primeros en llegar al lugar del siniestro, prestando ayuda vital hasta que arriban las dotaciones provinciales. Su existencia depende, en gran medida, del compromiso de la comunidad y del apoyo estatal, factores que deberían fortalecerse de manera sistemática para garantizar su sostenibilidad.
La lección es clara, la prevención no puede improvisarse. Es necesario reforzar campañas de concientización ciudadana para evitar conductas riesgosas, mejorar la coordinación entre organismos oficiales y voluntarios, y dotar de mayores recursos a quienes tienen la responsabilidad de asistir en la emergencia. Cada inversión en capacitación, equipamiento o infraestructura es, en definitiva, una inversión en vidas humanas.
San Juan sabe, por experiencia propia, que los desastres naturales no avisan. Estar preparados es una obligación colectiva que exige previsión, solidaridad y un Estado presente en aspectos fundamentales de equipamiento y preparación de las brigadas especializadas en actuar ante las catástrofes. Solo así será posible enfrentar con eficacia los desafíos que impone una provincia tan rica como exigente en su geografía.