No tiene que haber ningún tipo de contemplación para quienes sean detectados como autores de llamados anónimos o el envío de cualquier tipo de mensaje advirtiendo sobre la colocación de una bomba, por más que sea falsa, en escuelas u hospitales, como ha ocurrido en estos últimos días en la provincia.
Las fuerzas especiales de seguridad deben determinar quiénes son los que realmente están interesados en crear este estado de tensión, determinar sus identidades y establecer cuáles son los motivos que los llevan a realizar estas acciones intimidatorias. Hay que tener en cuenta que en esta ocasión los delincuentes han centrado sus objetivos en las escuelas y en los hospitales atraídos, precisamente, por la gran cantidad de personas que estos lugares reúnen durante gran parte del día, y por la repercusión que tiene un atentado en sitios como estos.
Las últimas amenazas de bombas falsas tuvieron lugar entre el martes y miércoles pasado en el Hospital Rawson, en primer término, y luego en la Escuela Antonio de la Torre, en el departamento Rawson.
El hecho acontecido en el Hospital Rawson generó una gran conmoción entre las autoridades del nosocomio, personal médico y de enfermería y los pacientes allí internados o en tratamiento, junto a sus familiares o cuidadores.
En el caso de la escuela de Rawson, la similitud de nombres hizo que dos establecimientos más, ubicados en Capital, que llevan como nombre Escuela Antonio Torres, tanto en nivel primario como nivel inicial, fueran evacuadas por prevención por la UFI Genérica. El operativo causó gran conmoción en los vecinos de las inmediaciones y en los padres de los alumnos que concurrieron presurosos a los establecimientos escolares, con todos los inconvenientes que esto implica.
La sanción que corresponde a los participantes en estos hechos, de ser detectados, está comprendida en los artículos 211 y 212 del Código Penal bajo la figura de “intimidación pública” con penas que varían de 2 a 6 años de prisión, o de 3 a 6 años según corresponda respectivamente. El primer artículo de la norma señala que será reprimido a aquel que “diera voces de alarma, hacer señales o utilizar otros medios materiales para infundir temor público o suscitar tumultos o desórdenes.”
La necesidad de que las fuerzas de seguridad vayan “hasta las últimas consecuencias” en relación a los involucrados en estos casos de amenazas o falsas alarmas es una actitud que hay que tomar en estas circunstancias para desalentar estas acciones violentas que generan conmoción pública y que mantiene en vilo a mucha gente que necesita vivir con tranquilidad.