La imagen de la Patagonia envuelta en humo y llamas ya no sorprende. Se repite cada verano desde hace décadas y, sin embargo, lejos de naturalizarse, debería alarmarnos cada vez más. Los incendios forestales se han convertido en un drama recurrente que deja al descubierto fallas estructurales. Escasa prevención, políticas erráticas y una preocupante ausencia de una estrategia integral frente a la crisis climática. Este año, además, el escenario incorpora condimentos que agravan la situación y multiplican las sospechas.
Según la coordinación de la campaña de Bosques de Greenpeace, en la actualidad persisten tres grandes focos activos en el país. Si bien fueron varios los incendios declarados inicialmente, los más graves son los que avanzan en El Hoyo, en el departamento Cushamen (Chubut); en el Parque Nacional Los Alerces, donde se reavivó un fuego que parecía contenido y hoy arrasa un bosque milenario; y en el Parque Nacional Los Glaciares, en Santa Cruz. El caso de El Hoyo resulta particularmente significativo. Ha estado activo desde el jueves de la semana pasada, afecta a unas 1.800 hectáreas y obliga a un trabajo coordinado entre las provincias patagónicas, algo poco habitual y que merece ser destacado.
Sin embargo, el reconocimiento al esfuerzo provincial no puede ocultar la otra cara del problema. El Gobierno nacional aparece ausente, desinteresado y, en algunos casos, tomando decisiones que agravan el panorama. La sospecha de que el incendio de El Hoyo haya sido intencional -al punto de ofrecerse una recompensa millonaria para dar con los responsables- abre interrogantes inquietantes. La especulación inmobiliaria, la compra de tierras a bajo precio tras el fuego o el uso del incendio como atajo para deforestar son hipótesis que deben investigarse a fondo. Pero también preocupa que algunos gobernadores hayan salido a afirmar que todos los incendios fueron intencionales, cuando históricamente muchos se originan por fogatas mal apagadas o descuidos humanos evitables.
En este contexto, resulta alarmante la intención del Gobierno nacional de avanzar sobre la Ley de Manejo del Fuego, una herramienta clave para proteger los ecosistemas. Aunque hay legisladores que aseguran que no está derogada, el solo intento refleja una mirada peligrosa. Más grave aún fue el traslado del sistema de manejo del fuego al área de Seguridad y el desfinanciamiento del programa. El presupuesto aprobado implica un recorte del 70 por ciento respecto de 2023. Menos recursos significan menos prevención, menos cortafuegos y menos equipamiento.
La Patagonia no necesita discursos ni sospechas lanzadas al aire. Necesita políticas públicas sostenidas, prevención real y un Estado presente que entienda que el fuego no es un accidente inevitable, sino una consecuencia directa de decisiones -o de la falta de ellas- que hoy están pasando factura.