Las nuevas incursiones de buques pesqueros chinos en el Mar Argentino confirman que se trata de un problema de nunca acabar. Cada cierto tiempo, los controles y la presión diplomática logran disuadir a estas embarcaciones de cruzar la línea de las 200 millas náuticas. Sin embargo, la retirada es apenas momentánea. Los buques vuelven, se reagrupan y avanzan nuevamente hasta ese límite invisible pero crucial que separa la jurisdicción nacional de la alta mar en la llamada Milla 201.
Las imágenes satelitales recientes son contundentes. Muestran columnas de embarcaciones de gran porte, mayoritariamente de nacionalidad china -aunque también de Taiwán y Corea del Sur-, operando de forma intensiva justo fuera de la Zona Económicamente Exclusiva (ZEE) argentina. La escena, visible incluso desde el espacio, revela una verdadera ciudad flotante que se extiende durante kilómetros y que ejerce una presión creciente sobre los recursos pesqueros del Atlántico Sur.
El fenómeno no es nuevo. Autoridades nacionales y organizaciones no gubernamentales vienen advirtiendo desde hace años sobre la presencia de una flota industrial de pesca de altura que explota sin supervisión efectiva especies clave como el calamar Illex argentinus. Desde la Prefectura Naval Argentina, que monitorea en tiempo real estos movimientos mediante tecnología de vigilancia marítima, señalan que todos los años, durante cinco o seis meses, estas flotas arriban desde el océano Índico y otras regiones para concentrarse en la Milla 201, generando un serio problema ambiental.
La dificultad radica en la naturaleza jurídica de ese espacio. La alta mar no está bajo soberanía nacional, lo que históricamente ha limitado las capacidades de control y sanción. Dentro de la ZEE, las intervenciones suelen ser efectivas. Pero una vez que los buques se reubican detrás de las 200 millas, las naciones ribereñas como Argentina quedan prácticamente sin herramientas directas para actuar. Mientras tanto, la pesca intensiva en esa franja creció de manera sostenida, con un aumento estimado del 65% entre 2019 y 2024.
Los impactos trascienden la sobreexplotación del calamar. Esta especie cumple un rol central en la cadena trófica del Atlántico Sur y su declive puede desencadenar un efecto dominó que afecte a ballenas, delfines, peces comerciales como la merluza y el atún, e incluso a las comunidades costeras que dependen de estos recursos.
Frente a este escenario, resulta impostergable avanzar hacia una regulación más estricta de la pesca en aguas internacionales. La plena vigencia del Tratado de Alta Mar de las Naciones Unidas aparece como una herramienta clave. Su implementación permitiría crear áreas marinas protegidas y exigir evaluaciones de impacto ambiental, ofreciendo por fin un marco global para proteger una frontera marítima que hoy sigue siendo demasiado frágil.