La decisión del Gobierno de España de prohibir el acceso a redes sociales a menores de 16 años plantea una discusión internacional sobre la protección de la infancia en entornos digitales. Anunciada por el presidente Pedro Sánchez desde Dubái y supeditada a la aprobación de la Ley de Protección de Personas Menores de Edad en entornos digitales, la iniciativa se inscribe en un clima global de creciente alarma por los efectos de estas plataformas en la salud mental y el desarrollo social de los adolescentes.
España no está sola en este camino. Australia ya aprobó en 2025 una legislación que fija la edad mínima en 16 años para acceder a redes sociales, mientras que Francia avanza con una propuesta que prohíbe su uso antes de los 15 y limita la presencia de teléfonos móviles en los establecimientos escolares. También el Parlamento Europeo recomendó elevar el umbral a los 16 años, evidenciando que la preocupación trasciende fronteras y responde a un fenómeno común: la dificultad de los menores para reconocer manipulaciones digitales y resistir estrategias diseñadas para captar su atención.
Las investigaciones científicas aportan argumentos contundentes. Expertos como la psiquiatra Anna Lembke advierten sobre la “dopamina digital” generada por notificaciones y estímulos constantes, que altera el sistema de recompensa del cerebro adolescente. Estudios recientes señalan que el uso intensivo de redes puede modificar el desarrollo neuronal, aumentar la dependencia de la aprobación social y duplicar el riesgo de problemas de salud mental cuando se superan las tres horas diarias de uso. A esto se suman investigaciones que relacionan la comparación social en plataformas con trastornos alimentarios y baja autoestima.
Sin embargo, la regulación también despierta críticas y desafíos. Desde el sector tecnológico, figuras como Elon Musk cuestionan las restricciones, mientras que el intenso lobby de las grandes plataformas en Europa refleja la magnitud de los intereses en juego. Además, la implementación práctica de estas prohibiciones plantea interrogantes: cómo verificar edades, cómo evitar la evasión de controles y qué rol tendrán las familias en la supervisión cotidiana.
Más allá de las controversias, el debate central gira en torno al equilibrio entre libertad individual y protección colectiva. Sánchez afirmó que “recuperar el control digital” es una responsabilidad estatal frente a plataformas cuya influencia no debe imponerse sobre el bienestar social. La creciente evidencia sobre cambios en el comportamiento de los menores -alteraciones del sueño, menor actividad física y cambios de humor- refuerza la necesidad de respuestas integrales.
En última instancia, la medida española no resolverá por sí sola los desafíos del mundo digital, pero sí abre una discusión impostergable. Regular el acceso temprano a las redes no implica demonizar la tecnología, sino reconocer que el desarrollo de niños y adolescentes requiere límites claros, educación digital y una corresponsabilidad entre gobiernos, empresas y familias para construir entornos más saludables y seguros.