El enunciado que hace referencia a la forma de gobierno de nuestro país señala que el Poder Legislativo, ejercido por el Congreso Nacional, está compuesto por las cámaras de Diputados y Senadores. Ambas se fundan en la representación popular, aunque en la primera sus miembros representen directamente al pueblo argentino y en la segunda, los senadores sean representantes de cada una de las provincias. La clave está, precisamente, en la “representación popular”, es decir que en ambos casos estos legisladores se deben a la voluntad del pueblo argentino y no a intereses partidarios, políticos o de alguna otra facción con intereses propios que desconocen el bien común. No como ocurrió el martes último en la maratónica sesión de la Cámara de Diputados de la Nación, en la que se trató la Ley Bases y reforma del paquete fiscal, que resultaron aprobadas por 142 votos a favor y 106 en contra y cinco abstenciones. Mientras todo el arco político lograba consenso para esta aprobación, que implica darle al presidente Milei herramientas necesarias para su programa de gobierno, la oposición representadas por sectores del peronismo, el kirchnerismo, el socialismo y la izquierda se alineó para expresar su rechazo al proyecto sin que le alcancen los números para lograr ese fin. Fue un nuevo intento de evitar la media sanción de este paquete de leyes con el que se prevé un cambio sustancial en la forma de administrar la nación.
En el caso particular de nuestra provincia los diputados nacionales que representan a San Juan votaron en dos sentidos bien marcados. Tres fueron los que acompañaron la iniciativa oficial José Peluc (La Libertad Avanza), Nancy Picón (Juntos por el Cambio) y María de los Ángeles Moreno (Juntos por el Cambio). Los tres restantes, Walberto Allende, Jorge Chica y Fabiola Aubone (Unión por la Patria-uñaquismo) votaron en contra (a excepción en el tratamiento en particular de la ley, cuando se planteó el RIGI que beneficia al sector minero) en un claro alineamiento con su corriente política, sin tener en cuenta si esa posición era beneficiosa a la provincia o a la gente que ha hecho conocer por encuestas realizadas por distintos medios que está de acuerdo con que la Ley Bases sea aprobada y sancionada.
Los diputados sanjuaninos, alineados en la corriente opositora debieron tener muy en cuenta, al emitir su voto, su deber como legisladores nacionales en representación de San Juan. No estaban actuando en un ámbito partidario para oponerse por oponerse simplemente, sino en un contexto donde era necesario producir las leyes que permitirán sacar al país y, consecuentemente a la provincia, de la postergación en la que se encuentra.
Votar en contra de una idea consensuada por la mayoría, sin permitirse aportes que ayuden a mejorarlas ha sido una forma de faltar al deber de su condición de legisladores para el que han sido elegidos.
Ahora resta observar cuál será el papel que cumplirán los senadores nacionales por San Juan, especialmente los de la línea opositora que integran María Celeste Giménez y Sergio Uñac (ambos de Unión por la Patria). Se descarta que Bruno Olivera, del bloque La Libertad Avanza, apoyará en la Cámara de Senadores el proyecto de Ley Bases para su aprobación definitiva. Los dos primeros deberán mostrar coherencia y hacer lo contrario a los diputados, es decir velar por el bien común a la hora de la sanción de este paquete de leyes.