El exceso de velocidad con el que circulan las motos en general, y los repartidores de alimentos en particular, se ha convertido en una de las principales amenazas para el tránsito urbano. Basta con recorrer las calles de la provincia para advertir maniobras temerarias, adelantamientos indebidos, cruces de semáforos en rojo y desplazamientos a velocidades incompatibles con la convivencia vial. No se trata de una percepción aislada, es una realidad cotidiana que genera temor en automovilistas, peatones y también en otros motociclistas.
Si bien todavía no existen estadísticas oficiales precisas, se sabe que el año pasado fueron numerosos los accidentes de tránsito protagonizados por motociclistas. Muchos de ellos colisionaron contra otros vehículos y otros tantos sufrieron siniestros circulando solos, ya sea al embestir a otro rodado o al impactar violentamente contra árboles, columnas del alumbrado público u elementos de señalización. Detrás de esos hechos hay historias de vidas truncadas, familias afectadas y un sistema que llega tarde.
Hace poco tiempo señalábamos que cada vez resulta más evidente el crecimiento de conductores de motos dedicados al transporte de alimentos bajo la modalidad de delivery. Es una actividad que, por sus propias exigencias, empuja a circular a gran velocidad para cumplir con tiempos de entrega cada vez más ajustados. Esa presión, sumada a la falta de controles efectivos, deriva en conductas imprudentes que ponen en peligro no solo al repartidor, sino a terceros que nada tienen que ver con esa dinámica laboral.
Las exigencias para realizar este trabajo continúan sin contemplar que el conductor deba contar con una licencia profesional. Solo se requiere la licencia clase “A”, otorgada por Emicar SA, que habilita a conducir motos, ciclomotores y triciclos motorizados, sin distinguir si el rodado se usa de manera ocasional o como herramienta de trabajo permanente. La mayoría de los repartidores presta servicios para empresas locales, nacionales y multinacionales que los contratan con sus propias motos, de cualquier cilindrada, exigiéndoles rapidez y eficiencia, incluso cuando ello implica transgredir normas básicas de tránsito.
Resulta evidente la necesidad de que estos trabajadores cuenten con una licencia profesional específica y sean objeto de mayores controles por parte de la Policía de Tránsito de la provincia. No es razonable que quien pasa gran parte del día arriba de una moto, bajo presión y en contextos urbanos complejos, no reciba una formación más exigente y adecuada.
Hasta ahora, Emicar no ha habilitado una categoría profesional para motociclistas, sin considerar el uso intensivo del rodado como medio de trabajo. Para estas personas sería imprescindible un curso previo, con formación teórica y práctica, que profundice en técnicas de conducción segura, anticipación de riesgos y responsabilidad vial. Solo así se podrá reducir una siniestralidad que ya ha dejado víctimas fatales. Hay que evitar que la velocidad que desarrollan las motos siga cobrando vidas en nuestras calles.