La Asociación del Fútbol Argentino vuelve a ocupar el centro de la escena, pero no por un logro deportivo ni por el crecimiento del seleccionado nacional, sino por una trama judicial que amenaza con erosionar aún más su ya debilitada credibilidad. La investigación por presunto lavado de dinero que involucra a la financiera ‘Sur Finanzas‘, uno de los principales auspiciantes de la AFA, derivó en un operativo de alto impacto, más de treinta allanamientos simultáneos a la sede de Viamonte y a numerosos clubes de distintas categorías. Una postal tan explosiva como inevitable para una institución que acumula, desde hace años, señales de poca claridad.

La empresa Sur Finanzas intentó despegarse rápidamente del escándalo mediante un comunicado en el que aseguró que todos sus servicios se prestan ‘en cumplimiento de la normativa vigente‘ y calificó de ‘acusaciones infundadas‘ las sospechas judiciales. Pero la investigación, lejos de diluirse, se profundiza. Su origen se remonta a presuntas irregularidades en el contrato firmado entre la financiera y el Club Atlético Banfield. Aunque desde el club del sur bonaerense afirmaron estar ‘a total disposición‘ de la Justicia, la causa avanzó al descubrirse documentación que vincularía a Sur Finanzas con otras instituciones futbolísticas bajo modalidades contractuales que hoy están bajo la lupa.

Por esa razón, el juez a cargo aprobó más de treinta procedimientos para determinar si los mismos patrones de irregularidades se repetían en distintos niveles del fútbol argentino. La sospecha generaliza un fenómeno que, de ser confirmado, revelaría una estructura de financiamiento plagada de riesgos y escasamente controlada.

Lo más preocupante es que estas denuncias no aparecen en un vacío. Se habla de ocho años de inconsistencias contables en la AFA y de gastos que exigirían explicaciones por alrededor de 111 millones de dólares. Una cifra que, por sí sola, expresa la magnitud de la crisis institucional que se intenta disimular detrás de la euforia deportiva.

En este contexto, desde el Gobierno nacional -pese a la tensa relación entre Javier Milei y Claudio “Chiqui” Tapia- se descartó cualquier posibilidad de intervención estatal sobre la AFA. Una decisión que busca evitar un conflicto institucional mayor, pero que deja sobre la mesa una preocupación evidente: la AFA deberá resolver sus problemas puertas adentro, sin tutelas externas, y con una dirigencia cuya legitimidad está cada vez más cuestionada.

Mientras la Selección sigue cosechando prestigio global, la estructura que administra el fútbol argentino muestra grietas profundas. No alcanza con los títulos internacionales para restaurar confianza. Lo que hace falta es transparencia, auditoría y responsabilidad. Si la pelota es un símbolo nacional, merece instituciones que estén a su altura.