En los próximos días, Buenos Aires será sede de un encuentro decisivo. Los mandatarios de las provincias mineras se reunirán para acordar una postura común frente a la inminente reforma de la Ley de Glaciares. La intención es clara y urgente, que sean las propias provincias -y no la normativa nacional- las que definan qué territorios deben ser considerados glaciares y periglaciares. Este cambio implicaría una modificación sustantiva de la Ley 26.639, vigente desde 2010, que prohibe la actividad minera e hidrocarburífera en esas zonas.
Los gobernadores ya trabajan en los borradores del convenio que deberá superar todas las instancias legislativas y contar con la firma del Presidente de la Nación, para habilitar un tratamiento rápido. El trasfondo de esta movida responde, por un lado, a la ofensiva del Gobierno nacional para promover inversiones estratégicas y, por otro, al reconocimiento constitucional de que los recursos naturales pertenecen a las provincias. Para los mandatarios, recuperar la capacidad de determinar estas áreas no solo es una cuestión de autonomía, sino también de racionalidad administrativa.
El gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, es uno de los impulsores del acuerdo y mantiene fundadas expectativas en que las provincias lograrán que se reconozca su potestad sobre la definición territorial. Desde su perspectiva -compartida por otras jurisdicciones mineras- son los Estados provinciales quienes conocen con mayor precisión su geografía y sus recursos, y quienes pueden evaluar con mayor objetividad las posibilidades de desarrollo sin comprometer el ambiente.
El sector minero espera con entusiasmo los posibles cambios. La actual normativa impide avanzar sobre proyectos ubicados en áreas que podrían redefinirse con criterios más consistentes con la realidad productiva de cada provincia. Sin embargo, la expectativa económica convive con una polémica profunda. Organizaciones ambientalistas advierten que flexibilizar la protección glaciaria podría afectar uno de los principales reservorios de agua dulce del planeta, y cuestionan que abrir zonas periglaciares a la minería pone en riesgo ecosistemas sensibles.
El debate, por lo tanto, no es menor. Requiere equilibrio, información científica sólida y un compromiso genuino de las provincias para garantizar que el desarrollo no se imponga a costa del patrimonio natural. Pero también exige reconocer que el federalismo no puede ser declamado, debe ejercerse. Si las provincias demuestran responsabilidad y capacidad técnica, la redefinición de la Ley de Glaciares podría abrir una puerta largamente esperada para optimizar su potencial económico sin renunciar a la protección ambiental que la sociedad exige.