Para salir o entrar a San Juan por las principales rutas nacionales hay que pasar por controles de un lado u otro del límite, que en la práctica no cumplen con ningún objetivo específico y sale muy caro mantenerlos.

Ya hemos mencionado en otras ocasiones que mantener estos controles simplemente para que un agente u oficial de policía solicite una documentación que en muy raras ocasiones no es portada por el que decide pasar por esos lugares, es altamente costoso ya que por lo general hay que tener en condiciones dependencias o destacamentos policiales que reúnan requisitos básicos y dotaciones de efectivos policiales que cubran distintos turnos para que el control esté habilitado las 24 horas del día, salvo que ocurra lo que se ha podido observar en varias ocasiones y es que el control permanezca cerrado dando paso libre a los vehículos, con lo que queda demostrado que no son imprescindibles ni necesarios para garantizar la normal circulación.

Más allá de las autonomías provinciales en la Argentina rige la libertad de circular y transitar por todo el territorio nacional sin ningún tipo de restricciones, salvo que el individuo en cuestión tenga suspendido los derechos constitucionales que le garantizan sus libertades. En función de estos principios los controles policiales interprovinciales deberían ir desapareciendo ya que cada vez se comprende más que su existencia en los límites es innecesaria y causante de un gasto presupuestario de difícil recuperación.

Los controles policiales más conocidos y que pertenecen a San Juan son los que están sobre la Ruta 40 a la altura de San Carlos, en el departamento Sarmiento camino a Mendoza; el del Encón, sobre la Ruta 20, camino a San Luís y Córdoba por las Altas Cumbres, y el control de Bermejo, sobre la Ruta 141, camino a La Rioja. Cada uno de estos controles se corresponde a su par del otro lado del límite en las localidades de Jocolí, en la Ruta 40 camino a Mendoza; en Las Trancas, sobre la Ruta 20 camino a San Luís y en la localidad de Chepes, sobre la Ruta 141. Es decir que en tramos de unos pocos kilómetros tenemos en cada ruta dos controles policiales que ni siquiera verifican el estado en que va circulando cada vehículo ni la documentación del automotor habiendo numerosos testimonios de que se ha pasado por estos lugares sin exigencia de ningún tipo. A esto se suma otro tipo de controles como son los fitosanitarios que también deberían dejar de funcionar ya que la fiscalización que ejercen no es exhaustiva y se limita simplemente a preguntar a los ocupantes del vehículo si llevan algún producto frutihortícola para luego someter al automotor al rociado con algún insecticida dentro de la campaña de la mosca de los frutos. El control de los camiones de carga es limitado ya que los productos frutihortícolas que salen de San Juan con destino a provincias limítrofes como Mendoza o el resto del país son controladas a la salida de los centros de producción o por la aduana local habilitada para tal fin. Es decir que los controles fitosanitarios no estarían cumpliendo ninguna función esencial que no justifique su desafectación.