El reciente anuncio del Gobierno nacional de aumentar los fondos para hospitales públicos de alta complejidad representa una medida de alivio parcial en un contexto de profunda fragilidad sanitaria. La disposición, publicada en el Boletín Oficial, prevé la reasignación de partidas dentro del presupuesto vigente del Ministerio de Salud, sin afectar el superávit fiscal que el Poder Ejecutivo busca preservar. Entre las instituciones beneficiadas se destacan el Hospital Garrahan, El Cruce, El Calafate y René Favaloro, centros que concentran gran parte de la atención pediátrica y de alta complejidad del país.
No obstante, la decisión mantiene en suspenso la ejecución de la Ley de Emergencia Pediátrica, aprobada por el Congreso en mayo y aún sin aplicación efectiva. El Gobierno argumenta que su implementación plena implicaría un costo fiscal de más de $196 mil millones, cifra que excede con creces las capacidades actuales de un Ministerio de Salud que ya presenta un déficit superior a los $102 mil millones. De esta forma, el Ejecutivo optó por un refuerzo acotado, reasignando recursos disponibles y postergando la puesta en marcha de una ley que, paradójicamente, nació para responder a la emergencia sanitaria que hoy se pretende contener con medidas parciales.
El gesto político del refuerzo presupuestario muestra voluntad de atender el problema, pero también refleja las limitaciones estructurales del sistema: hospitales con deudas operativas, salarios desactualizados y una red pública que, pese a su compromiso humano, funciona al borde de sus posibilidades.
La suspensión de la ley generó protestas y movilizaciones en todo el país, especialmente entre profesionales de la salud que reclaman mejores condiciones laborales y la urgente recomposición de los ingresos del personal asistencial y de los residentes.
En este contexto, el refuerzo económico dispuesto por el Gobierno es apenas un paliativo. La salud pública no puede depender de decisiones administrativas coyunturales, sino de una política sanitaria sostenida, planificada y con respaldo financiero real. La emergencia pediátrica no se resuelve con remiendos, exige un compromiso integral que ponga en el centro a quienes más lo necesitan -los niños y los trabajadores de la salud- y no exclusivamente al equilibrio de las cuentas fiscales.