‘Yo no maté a esa perrita, sería incapaz de matar a un perro. Soy inocente y mi abogada tiene todo el material para probarlo’, dijo el comerciante Julio Gallo ante el juez, Eugenio Barbera, que desde ayer concedió un plazo de 60 días a la UFI Genérica para investigarlo por violar la ley de maltrato animal, pues se lo considera sospechoso de haber dado muerte a una perra callejera en la verdulería que tenía en Lemos y Boulevard Sarmiento, en Rawson, el 31 de diciembre pasado a eso de las 15,30.
‘He sufrido amenazas de muerte a mis hijos, escraches. Sufrimos daño psicológico, sin contar con que el municipio me clausuró el local y me prohibió tener un comercio en ese departamento. Me han hecho un daño muy grande’, dijo luego Gallo a este diario.
Según su abogada, Vanesa De Dax, su cliente no cometió delito alguno y el hecho que ayer le atribuyeron los representantes de la UFI Genérica, Jorge y Belén Sánchez, ocurrieron en otro lugar.
Fiscalía, sin embargo, y la presidenta de la Asociación Civil Pitbull en Peligro, Emilia Merino (la representa el abogado Adolfo López Martí), consideran que Gallo debe es responsable de haber dado muerte a ese animal aquella siesta, porque entienden que la propia empleada del comerciante atestiguó que la atacó a golpes con cajones, aunque Gallo y su defensora, aseguran que la joven no declaró eso. También dijeron que solo en las redes sociales se habló de que la muerte del animal se produjo por las patadas que le dieron, pero que eso tampoco fue así.
Lo cierto fue que esa mujer fue la que corrió con el animal en sus brazos hasta que supo que había muerto y lo dejó en una vereda, para luego llamar al 911. Desde ese momento se abrieron las averiguaciones previas que cuajaron en una denuncia concreta el 3 de enero pasado en la UFI Genérica, donde concluyeron que Gallo debe ser considerado sospechoso por las evidencias recolectadas hasta el momento y que aún resta incorporar, como testigos.
La ley 14.346 prevé penas de 15 días hasta 1 año de prisión para el que someta a malos tratos o a actos crueles a los animales. Si no tiene antecedentes, puede acceder a la suspensión del juicio y someterse a prueba con tareas comunitarias (probation). Esa salida se contempló en conversaciones entre Fiscalía y el sospechoso y su defensora, que la rechazaron, convencidos de probar que fue ajeno a la muerte del animal.