El de los estafadores fue un redituable trabajo de hormiga: a través de una cara bonita (una modelo asociada a un nombre falso), tentaban a los incautos por redes sociales y, de a poco, los convencían para invertir en criptomonedas. El plan incluía enseñarles cómo bajar aplicaciones, las instrucciones para saber operar y un depósito inicial a costa de la propia extraña, con ganancias en apariencia ciertas, de manera que esa persona se encargara de correr la voz y reclutara más ‘inversores’. El engaño incluía ‘señales’, para saber qué día y a qué hora comprar o vender. La propuesta de dinero fácil se expandió como reguero de pólvora, hasta que saltó una denuncia en Santa Fe que le sacó el velo a la película de las ganancias sin esfuerzo y dejó al descubierto la vieja pero inoxidable modalidad de los fraudes piramidales. En esas estafas, el dinero conseguido sirve para entregar algunas sumas a los primeros ‘inversores’, hasta que todo colapsa porque, en realidad, esa plata no es parte de una cadena productiva, que genere activos reales. Para entonces, quienes habían creído que eso era cierto e invirtieron en ‘RainbowEx’ o ‘Peak Capital’, se podían contar por cientos: unos 650 la primera plataforma y se supone que al menos 1.500 en ‘Peak Capital’. Con las primeras denuncias en la UFI de Delitos Informáticos y Estafas que dirigen los fiscales Guillermo Heredia y Nicolás Albo (coordinados por Eduardo Gallastegui), se disparó una investigación que cosechó unas 18 denuncias y cuatro empleados del Gobierno señalados como supuestos nexos locales en el caso ‘RainbowEx’. Y unas 90 denuncias más, con tres ‘administradores’ en San Juan de ‘Peak Capital’, quienes se encargaron de hacer nutridas reuniones de captación, en las que había sorteos y se entregaban premios costeados por ‘MSG Group’. Todo pasó el año pasado.
