Para algunos observadores la Marcha Federal Universitaria del miércoles pasado fue más contundente que la de abril último, cuando la misma comunidad universitaria ganó las calles con el mismo objetivo de defender el financiamiento de la universidad pública, sin obtener en esa ocasión una respuesta satisfactoria. En esta oportunidad, todo indica que se va a correr la misma suerte ya que por más que la manifestación fue multitudinaria, tanto en la Plaza del Congreso como en las demás capitales de provincia, el Gobierno adelantó que no dará marcha atrás con el veto a la ley de financiamiento universitario dispuesto ayer mismo, que contribuye con el sostenimiento del déficit cero fijado por el presidente Milei, como una forma de controlar la inflación, uno de los males mayores e la economía argentina.
Esta segunda marcha que contó con la adhesión de todos los estamentos que integran la universidad pública volvió a tener la presencia de polémicas figuras del gremialismo y de partidos políticos de la oposición, que se sumaron a la protesta en todo el país quitándole, una vez más, la autenticidad propia y la posibilidad de que se la considere como un reclamo genuino. La presencia de dirigentes como Sergio Massa, Horacio Rodríguez Larreta, Martín Lousteau, Cristina Fernández de Kirchner, Facundo Manes, Juan Grabois y el número dos del Sindicato de los Camioneros, Pablo Moyano, entre otros integrantes de agrupaciones políticas como los diputados de la Coalición Cívica y dirigentes y militantes de La Cámpora, le quitaron protagonismo a los auténticos manifestantes, dándole un sentido político que no era necesario por la contundencia de la convocatoria. Esto mismo se vivió en todos los distritos provinciales, como en nuestra ciudad Capital donde dirigentes de la oposición, especialmente del peronismo, se sumaron a la manifestación.
El foco central de la protesta fue el de la crisis del financiamiento educativo de la universidad pública, que tiene especial impacto en la caída de los salarios docentes y en las condiciones del sistema científico. Esto quedó reflejado en un documento de 10 puntos titulado ‘La universidad pública, base de la democracia y el desarrollo social, lucha por su supervivencia”, al que se le dio lectura durante el acto central en la Plaza del Congreso.
La posición del gobierno, que al término de la marcha procedió a hacer efectivo el veto de la ley de financiamiento sancionada por el Congreso Nacional, se basa en que la norma es manifiestamente violatoria del marco jurídico vigente, en tanto no contempla el impacto fiscal de la medida ni tampoco determina la fuente de su financiamiento.
En resumen el Gobierno nacional está decidido a mantener el veto bajo la consigna de que el país no está en condiciones financieras de sostener un nuevo presupuesto para las universidades que implique fondos que no se disponen. Se trata de una actitud que aunque es antipática, se ajusta a los lineamientos trazados por la gestión del presidente Milei, que contempla la imposibilidad de otorgar fondos a determinados sectores en perjuicios de otros que también los reclaman.