En los últimos días comenzó a ganar volumen un tema que, aunque todavía no fue confirmado de manera oficial, ya genera expectativas, interrogantes y no pocas preocupaciones. Se trata de la posibilidad de que Estados Unidos y la Argentina avancen en un acuerdo bilateral que habilite a nuestro país a recibir inmigrantes deportados desde territorio norteamericano, particularmente ciudadanos de terceros países cuya repatriación resulta compleja. Lo que por ahora es un secreto a voces, sostenido por versiones coincidentes en medios argentinos y estadounidenses, se inscribe en la estrategia migratoria más estricta que la administración de Donald Trump impulsó desde su regreso al poder.
La iniciativa apunta a que la Argentina sea considerada un “tercer país seguro”, una figura que permitiría a Estados Unidos derivar a personas detenidas por ingreso ilegal cuando no existen acuerdos consulares o diplomáticos con sus países de origen. Aunque se desconocen los detalles finos del eventual pacto, se sabe que a comienzos de enero el Gobierno argentino habría presentado una propuesta formal para avanzar en ese sentido. De concretarse, el acuerdo reflejaría el notorio acercamiento político entre el presidente Javier Milei y Donald Trump, un alineamiento que ya se expresa en otros planos de la agenda internacional.
Sin embargo, el debate que se abre es profundo y excede la coyuntura diplomática. La Argentina tiene una larga tradición migratoria, forjada bajo la idea de puertas abiertas que consagra el Preámbulo de la Constitución al invitar ‘a todos los hombres del mundo que quieran habitar el suelo argentino”. Esa premisa, que fue motor de crecimiento y diversidad, hoy se enfrenta a un contexto global mucho más complejo, atravesado por flujos migratorios desordenados, crisis humanitarias y redes delictivas transnacionales.
El principal temor que señalan analistas y sectores de la opinión pública es que el país termine convirtiéndose en un depósito de personas provenientes de regiones altamente conflictivas, con bajos niveles educativos, situaciones de extrema vulnerabilidad social y, en algunos casos, convivencia cotidiana con el crimen organizado. La preocupación no pasa por estigmatizar, sino por evaluar con realismo la capacidad del Estado argentino para integrar, controlar y asistir a contingentes de inmigrantes que llegan no por elección propia, sino como resultado de una deportación.
Aceptar un acuerdo de estas características sin un marco claro, sin controles rigurosos y sin un debate institucional amplio podría generar tensiones internas y sociales innecesarias. La política migratoria no puede definirse únicamente por afinidades ideológicas o gestos de alineamiento internacional. Debe responder a los intereses nacionales, a la seguridad, a la cohesión social y a la capacidad real de integración.
El tema recién empieza a plantearse y, sin dudas, dará mucho que hablar. Antes de avanzar, la Argentina deberá decidir si quiere ser parte de una solución ajena o diseñar una respuesta propia, equilibrada y soberana, acorde a su historia y a sus desafíos presentes.