La jueza de Garantías, Celia Maldonado, imputó ayer estafas reiteradas al titular del gremio textil local, Roberto Vega, y al empresario Francisco Antonio Fernández, y ordenó que permanezcan presos en una seccional por 20 días. Además, mandó a embargar sus cuentas bancarias (Fiscalía solicitó también esa medida en sus billeteras virtuales) y los inhibió para poder disponer de sus bienes. Sin embargo no hizo lugar al pedido del fiscal Duilio Ejarque y sus ayudantes Milena Berbari y Guadalupe Segado (UFI de Delitos Informáticos y Estafas), para que aplicara las mismas medidas cautelares contra el empresario prófugo, Miguel Ceferino Aciar, su esposa y sus tres hijos. La magistrada entendió que eso vulneraba su derecho de defensa.
Fiscalía sospecha que Vega fue parte de las estafas (por ahora hay 9 denuncias) con la operatoria del barrio Textil II (allí se ofrecían 115 lotes) a través del IPV, cometidas entre mediados de 2022 y 2024. Fernández quedó en la mira por 13 fraudes con la venta de lotes (se vendían 105) en el barrio Nogales 7. Ninguno de los emprendimientos se concretó porque nunca llegaron a conseguir los terrenos.
Al escuchar el planteo fiscal, Vega negó haber recibido dinero (Fiscalía dijo que hay una denuncia que lo señala por recibir 4 millones) y dijo que, como a otros gremios, se le había adjudicado un cupo de viviendas. Que le ‘impusieron’ la empresa Sigma (luego llamada DGA) cuya cabeza visible era Aciar, quien fue el encargado de la comercialización. Su defensor, César Jofré pidió su libertad o en todo caso prisión domiciliaria, por entender que su cliente fue ajeno a esas maniobras y leyó una carta documento que Vega le envió a Aciar el 28 de abril pasado para reclamarle.
Fernández también apuntó contra Aciar. Según el empresario, eran socios en la firma Afcom (iba a construir Los Nogales 7), de la cual lo ‘echaron’ hace tres años. Su defensor, José Luis Guidet Montilla, dijo que el error de su cliente fue no despegarse legalmente de esa empresa. Al igual que el sindicalista, ofreció una reparación integral del perjuicio causado a las personas que los denunciaron.
También solicitó la prisión domiciliaria de Fernández por los problemas de esclerosis que padece, pero la jueza entendió que ambos imputados aún pueden fugarse o entorpecer la investigación y lo dejó presos. Eso sí, aclaró que ambos deben quedar libres si Fiscalía no pide la prórroga de su preventiva antes de que venza el plazo.