La esperanza de una gran mayoría de que desde el Congreso nacional saldría sancionado el proyecto de ley que establece la Ficha Limpia para quienes aspiran a cualquier cargo electivo, quedó malograda el miércoles último cuando los senadores opositores a esta iniciativa alcanzaron el triunfo por tan solo un voto. Esto dejó al país sin una importante legislación, con la que se pretendía hacer frente a la corrupción que implica que un condenado por la justicia pueda ser nuevamente candidato en cualquier categoría y en representación de alguna de las fuerzas políticas.
Mas allá de la decepción de la gente que se había ilusionado con que en el país regiría la Ficha Limpia para las próximas elecciones legislativas, en lo que los legisladores y la dirigencia política deberá trabajar a partir de ahora, si lo que se quiere es recuperar credibilidad, es en crear alguna otra forma de combatir la corrupción dentro del sistema político, como una forma de erradicar este flagelo que tan mal le ha hecho al país.
Debemos tener en cuenta que en todo el mundo son muchos los países en los que rigen normas o legislaciones muy similares a la Ficha Limpia, y que es lamentable que en la Argentina no haya podido implementarse por vergonzosas disputas políticas merecedoras de un análisis aparte, que nada tiene que ver con la necesidad que hay en el país de contar con una norma de estas características.
En la actualidad hay Ficha Limpia en países como Brasil, Chile, Uruguay, México, Perú, Honduras y España, por lo que se consideraba conveniente de que Argentina se sumara a este grupo para profundizar su lucha contra la corrupción.
Lo que la gente quiere es que a todos aquellos candidatos sobre los cuales hay dudas fundadas vinculadas a su comportamiento en administraciones anteriores no se les de la posibilidad de participar en futuras elecciones.
Entre los políticos y ex funcionarios de gobiernos anteriores que corrían mayor peligro de no poder participar nunca más de un acto eleccionario si se sancionaba la Ficha Limpia hay figuras como Cristina Fernández de Kirchner, Julio De Vido, Armando Boudou, Sergio Uribarri y Guillermo Moreno, entre otros. De haber entrado en vigencia la norma propuesta ninguna de ellas podrían haber aspirado a una banca en el Congreso Nacional en las próximas elecciones legislativas, sin embargo ahora siguen en condiciones de candidatearse sin ningún inconveniente, algo que gran parte de la ciudadanía rechaza de plano.